Ciudad De México, 22 de junio de 2026.- El gobierno mexicano ha solicitado más pruebas a Estados Unidos respecto a los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, tras existir un expediente estadounidense en su contra y la de nueve cómplices por presuntos vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que, por el momento, no observa elementos suficientes para proceder con una detención provisional urgente del funcionario.
En contraste con la postura federal, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, exigió que Rocha Moya sea entregado a la justicia y pidió que no se olvide el caso. La mandataria afirmó que México atraviesa una crisis de confianza internacional que pone en riesgo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados”, declaró Campos.
La controversia sobre la soberanía nacional se agudiza mientras Maru Campos es investigada por la FGR debido a la presencia de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad realizado en Chihuahua. En dicho operativo antinarcóticos murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA, cuya participación operativa no había sido informada al gobierno mexicano.
El oficialismo ha acusado a la oposición de utilizar el caso de Rocha Moya con fines políticos y señala a la gobernadora de Chihuahua por violar leyes mexicanas y la soberanía nacional al permitir injerencias desde el exterior. Ante estas acusaciones, Campos afirmó: “Estoy total en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”.
Cabe recordar que Maru Campos fue vinculada a proceso en 2021 por el presunto delito de cohecho relacionado con la ‘nómina secreta’ del exgobernador César Duarte. Mientras tanto, persisten las posturas opuestas dentro del país: la exigencia de entrega del acusado por parte de la gobernadora chihuahuense frente a la solicitud de más evidencias por parte del gobierno federal.
