San Luis Potosí, 29 de mayo de 2026.- La semana pasada, dos comunicadoras fueron detenidas y encarceladas en San Luis Potosí acusadas del delito de uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social. Esta acción se deriva de una reforma al código penal estatal aprobada en noviembre de 2025, un mes después de que se difundiera un video donde un supuesto comandante del Cartel del Golfo acusaba al gobernador Ricardo Gallardo y a la Guardia Civil Estatal de colaborar con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
El gobernador Ricardo Gallardo negó los hechos del video difundido el 16 de octubre de 2025, afirmando que fue creado con inteligencia artificial y calificándolo como un delito grave. “no era un juego, sino un delito grave”, declaró el mandatario. Posteriormente, el Congreso de la entidad, la única gobernada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), modificó la legislación para sancionar específicamente el uso indebido de IA con fines de alarma social.
Un documento de la Fiscalía señala actualmente a otras nueve personas, entre las que se encuentran activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y gestores de plataformas digitales. Jan-Albert Hoosten, director del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en México, advirtió que lo que ocurre en la entidad es “uno de los precedentes más peligrosos para el periodismo mexicano de los últimos tiempos”. Hoosten añadió: “Todos los que aparecen ahí tienen en común que han sido muy críticos con el gobernador Ricardo Gallardo”.
La activista e integrante de Morena Roxana Herrera, quien figura en la lista de señalados, calificó la situación como una “persecución política” destinada a “callar las voces críticas con el actual Gobierno del Estado”. Herrera afirmó que “ya hay un ambiente de miedo”. Por su parte, dos periodistas de la entidad identifican estos hechos como el último golpe a una libertad de expresión ya muy atacada, donde conviven con el temor de ser señalados, desprestigiados, despedidos o intimidados por escribir contra el gobierno de Gallardo.
Entre las personas señaladas se encuentra la periodista Anahí Torres, quien el año pasado pidió ayuda a Claudia Sheinbaum. El Gobierno de San Luis Potosí no ha respondido a las preguntas del periódico EL PAÍS sobre estas detenciones. En el contexto político local, el gobernador Gallardo tiene la intención de situar a su esposa, la senadora Ruth González Silva, como su sucesora en las elecciones de 2027. Una periodista entrevistada señaló al respecto: “La violencia política que traen las elecciones se está viendo desde ahorita”, mientras otro fuente indicó que “Esto es la culminación de” la presión contra la prensa.
