Por Redacción
Mexicali, 26 de julio de 2026.- La captura de cuatro menores de edad involucrados en un secuestro y tres implicados en un asesinato ha evocado el abandono institucional que sufren los menores en la entidad, mientras el oficialismo pide el endurecimiento de las penas. En poco más de una semana, ocho menores fueron detenidos vinculados a crímenes atroces; dos de ellos tenían apenas 13 y 14 años de edad.
Tres de los detenidos fueron señalados como autores del asesinato de Flaviano López Martínez, conductor de InDrive de 50 años, a quien habrían matado de un balazo para posteriormente trasladar su cuerpo a un terreno despoblado, incendiarlo y videograbar el acto para exhibirlo y ridiculizarlo. Los otros cinco fueron capturados en Playas de Tijuana por privación de la libertad.
Ante estos hechos, la única respuesta del sector político ha sido la del diputado Juan Manuel Molina, quien propone endurecer las penas contra menores infractores. No obstante, esta postura centra el debate en establecer como únicos responsables a los adolescentes, sin analizar las condiciones materiales de la población, la precarización en la que viven, su susceptibilidad a la delincuencia organizada, ni la falta de atención temprana de salud mental.
El contexto remite a septiembre de 2022, cuando funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), acompañados de la Fiscalía General del Estado (FGE), irrumpieron en la casa hogar A Way Out, dirigida por la activista Gabriela Ortiz en la colonia Robledo de Mexicali. Mediante un comodato, Ortiz atendía en ese inmueble a niños y adolescentes con historial criminal, consumo de enervantes o vínculos con la delincuencia organizada que ninguna otra institución recibía.
El albergue cerró sus puertas debido a la detección de supuestos abusos que nunca fueron confirmados; las acusaciones emitidas por el DIF y la FGE no pudieron sostenerse y cada señalamiento fue desacreditado. Menores denunciaron haber sido obligados a hacer sus necesidades en baldes, pero la realidad fue que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) dejó sin agua el inmueble por varios días, lo que obligó a usar alternativas ante la necesidad y la sobrepoblación.
Gabriela Ortiz denunció durante años abusos e intentos de corrupción de funcionarios, principalmente durante la época del PAN, quienes condicionaban apoyos a cambio de devolver una parte en efectivo. Al no prestarse a ello, la activista fue castigada varias veces.