Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- Una grave crisis diplomática se agudizó entre Colombia y Ecuador luego de que el presidente Gustavo Petro acusó al gobierno ecuatoriano de realizar bombardeos en territorio colombiano, una afirmación que su homólogo Daniel Noboa negó categóricamente, señalando que sus operaciones militares se realizan únicamente contra el crimen organizado en suelo propio. El intercambio de acusaciones, que incluye la mención de “27 cuerpos calcinados” por parte de Petro, representa un nuevo escalamiento en la tensión bilateral que inició en enero con una guerra comercial por aranceles y el control de la frontera común, de más de 600 kilómetros, azotada por el narcotráfico.
El conflicto verbal estalló públicamente este martes. Desde Colombia, el presidente Petro declaró que “están bombardeándonos desde Ecuador” y enfatizó que “no queremos ir a una guerra”. En su intervención, el mandatario de izquierda afirmó que los ataques “no parecen ser ni de los grupos armados […] ni de la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden”, insinuando así la responsabilidad directa de las fuerzas ecuatorianas. Como consecuencia de estos supuestos bombardeos, Petro reportó la existencia de 27 víctimas calcinadas.
Desde Quito, la respuesta del presidente Noboa fue inmediata y contundente. A través de sus redes sociales y en declaraciones a medios como la revista Semana, el mandatario ecuatoriano calificó las afirmaciones de Petro como “falsas”. “Estamos atacando estructuras narcoterroristas en territorio ecuatoriano, que el Gobierno de Petro deja pasearse por la zona”, argumentó Noboa. El líder ecuatoriano, quien ha adoptado una línea dura contra el crimen organizado, acusó además al gobierno colombiano de “permisividad” en la frontera y de haber dado cobijo a familiares del narcotraficante ecuatoriano José Macías Villamar, alias ‘Fito’.
La disputa se enmarca en un deterioro progresivo de las relaciones que data de principios de año. En enero de 2026, Ecuador impuso aranceles de hasta el 50% a una serie de productos colombianos, argumentando que Colombia no controlaba adecuadamente el flujo de narcóticos y precursores químicos a través de la frontera. Bogotá respondió con medidas recíprocas, iniciando una “guerra comercial” que ahora parece haber derivado en una crisis de seguridad con acusaciones de agresión militar.
La zona fronteriza entre ambos países es reconocida como un corredor complejo y peligroso, con presencia de disidencias de las antiguas FARC, carteles de narcotráfico, minería ilegal y contrabando. La falta de una verificación independiente, por parte de organismos internacionales o prensa local, sobre la ubicación exacta y los detalles de los supuestos bombardeos denunciados por Petro dificulta esclarecer los hechos en medio de la confrontación retórica.
El tono elevado de las acusaciones y la mención explícita a posibles víctimas mortales indican una ruptura significativa en los canales de diálogo diplomático entre Quito y Bogotá. Analistas prevén que, sin una desescalada mediada por actores regionales, la situación podría seguir deteriorándose, afectando no solo la estabilidad bilateral sino también los esfuerzos conjuntos para combatir el crimen transnacional en una de las regiones más convulsas de Sudamérica.
