Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes en el Senado una nueva reforma electoral, conocida como “Plan B”, que incluye la reducción del número de regidores municipales, un tope salarial para funcionarios electorales y cambios en el proceso de revocación de mandato que permitirían a la titular del Ejecutivo hacer campaña. La iniciativa llega tras el rechazo de un paquete más amplio en la Cámara de Diputados y debe ser aprobada antes de septiembre de 2026 por restricciones constitucionales.
La propuesta plantea reducir el número de regidores por municipio, que actualmente oscila entre 7 y 15, e introduce un tope presupuestal para los congresos estatales del 0.7% del presupuesto estatal. Además, modifica las reglas para la revocación de mandato, adelantando el plazo para su realización al tercer año de gobierno y autorizando expresamente a la presidenta a realizar campaña con recursos no especificados. El paquete también elimina el principio de paridad de género en las regidurías.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, respaldó la iniciativa y señaló que se trata de una medida de austeridad. “Es necesario ajustar las estructuras para hacer más eficiente el gasto público”, declaró. Por su parte, el senador del PVEM, Manuel Velasco, anunció el apoyo unánime de su bancada al Plan B, aunque se registró una contradicción, ya que el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó una revisión previa del texto.
Desde la oposición, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, criticó la propuesta. “Es un intento por concentrar más poder y debilitar los contrapesos institucionales, además de que autoriza el uso de recursos públicos para fines políticos personales en la revocación”, afirmó. La iniciativa se presenta en un contexto donde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) reportó 741 carpetas de investigación iniciadas durante el proceso electoral de 2025.
El Plan B de Sheinbaum deberá ser discutido y votado en las comisiones del Senado antes de pasar al pleno. Su destino dependerá de la cohesión de la coalición oficialista, integrada por Morena, el PVEM y el PT, cuya posición oficial sobre esta iniciativa aún no se ha dado a conocer. Analistas políticos anticipan un debate intenso, dado que la reforma toca aspectos sensibles de la organización municipal y los procesos de participación ciudadana.
