Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por delitos relacionados con el proyecto Next Energy, tras una audiencia que se extendió por casi 24 horas y concluyó este martes. La decisión fue emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja en la Ciudad de México, donde se determinó que el exfuncionario deberá enfrentar un juicio por las acusaciones de daño al erario estatal presentadas por la Fiscalía General del Estado de Baja California.
El caso se centra en un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se llevó a cabo. Según la investigación fiscal, el proyecto comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años. Como medida cautelar, se fijó una garantía económica de alrededor de 100 mil pesos y se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Durante el procedimiento, surgieron contradicciones entre la defensa y la acusación. Bonilla Valdez argumentó que los pagos vinculados al proyecto se realizaron entre enero y febrero de 2022, periodo en el que aseguró ya no se encontraba en funciones como gobernador. No obstante, la Fiscalía mantiene que las irregularidades en los permisos y compromisos financieros ocurrieron durante su gestión, la cual se extendió de 2019 a 2021.
La postura del exgobernador incluye la afirmación de que su administración únicamente pactó el pago por un servicio y no la construcción de la planta, intentando desligarse de las responsabilidades sobre la obra inconclusa. Sin embargo, las autoridades investigadoras señalan inconsistencias en la operación del contrato que derivaron en el actual proceso legal.
Jaime Bonilla Valdez, quien tras dejar el ejecutivo estatal asumió la dirigencia del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, queda ahora sujeto a las siguientes etapas del procedimiento judicial. La resolución del juez Anguiano Ceja marca un punto de inflexión en el caso que ha generado repercusiones políticas en la entidad fronteriza.
La gobernadora actual, Marina del Pilar Ávila Olmeda, figura en el contexto de los involucrados, aunque la investigación disponible no detalla una respuesta oficial de su parte frente a las declaraciones del exgobernador ni la situación de otros colaboradores que podrían estar relacionados con el caso. El proceso continuará con la fase de investigación complementaria en los próximos seis meses.
