Mexicali, 25 de marzo de 2026.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado tras una audiencia celebrada el 23 de marzo, donde se le imputó responsabilidad en un contrato de corrupción relacionado con una planta fotovoltaica. La decisión judicial, emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja, responde a las acusaciones de daño patrimonial derivadas de un acuerdo firmado con la empresa Next Energy, la cual recibió un pago inicial de 123 millones de pesos sin ejecutar la obra prometida.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el contrato en cuestión contemplaba una inversión de 4,500 millones de pesos a un plazo de 30 años. Sin embargo, las autoridades señalaron que la compañía Next Energy cobró el primer desembolso y nunca inició la construcción de la planta de energía solar, lo que generó un perjuicio directo al erario estatal. Durante la audiencia, que comenzó a las 09:23 horas, la defensa de Bonilla, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó sus argumentos para contrarrestar las imputaciones.
El caso ha trascendido como un episodio central en la tensión política entre el exmandatario y la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila. Bonilla, quien gobernó la entidad entre 2019 y 2021 bajo la bandera de Morena, actualmente se desempeña como dirigente del Partido del Trabajo (PT), formación que ha mantenido posturas divergentes con la administración estatal vigente. La vinculación a proceso implica que el exfuncionario enfrentará el resto del procedimiento penal por los presuntos actos de corrupción durante su gestión.
La Fiscalía de Baja California sustentó su acusación en la evidencia del flujo de recursos públicos hacia la contratista sin la contraprestación de la infraestructura energética. Aunque la investigación no detalla la fecha exacta en que se realizó el pago de los 123 millones ni el estado actual de recuperación de dichos fondos, el monto representa el inicio de un esquema contractual que las autoridades consideran lesivo para el estado. La empresa Next Energy figura como la beneficiaria directa de los recursos en el marco de este litigio.
Con esta resolución judicial, Jaime Bonilla Valdez pasa a la siguiente fase del proceso legal, donde deberá responder formalmente por la adjudicación del contrato fotovoltaico. El conflicto pone de manifiesto las consecuencias legales de las decisiones de obra pública tomadas en la administración 2019-2021 y marca un precedente en la rendición de cuentas de los exgobernadores en la entidad fronteriza.
