Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en el contrato firmado con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali. La audiencia, que inició el 23 de marzo y concluyó este 24 de marzo, fue llevada a cabo por el juez Gerardo Anguiano Ceja, quien determinó que existen elementos suficientes para someter a juicio al exmandatario por el caso que involucra un contrato por 4,500 millones de pesos a 30 años.
La Fiscalía General del Estado de Baja California acusa a Bonilla de abuso de autoridad y uso ilícito de facultades al haber autorizado un pago inicial de 123 millones de pesos a la empresa Next Energy, cuyo proyecto tenía como objetivo dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana. Según las cifras presentadas en la audiencia, el contrato establecía pagos mensuales de alrededor de 123 millones de pesos, sin que la planta haya sido construida hasta la fecha.
Durante la audiencia, la defensa legal de Jaime Bonilla, conformada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, argumentó que los pagos realizados a la empresa ocurrieron después de que el exgobernador dejó la administración en octubre de 2021. Los defensores precisaron que las transferencias de 123 millones de pesos se efectuaron entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, buscando con ello desvincular a su cliente de la acusación de cometer el delito durante su mandato.
Asimismo, la defensa sostuvo que el delito de uso ilícito de facultades no era aplicable en este caso, ya que el proyecto se trato de un contrato plurianual para la adquisición de un servicio y no de una adquisición de crédito fiscal. Sin embargo, el juez de control consideró que las pruebas presentadas por la fiscalía eran suficientes para vincular a proceso al exgobernador, ordenando un plazo de investigación de seis meses para profundizar en los detalles del caso.
Este proceso judicial marca un precedente al convertir a Jaime Bonilla en el primer exgobernador surgido de Morena que es acusado abiertamente de corrupción en el estado. El caso se desarrolla en un contexto de conflicto político entre el exmandatario, quien ahora es dirigente del Partido del Trabajo (PT), y la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila, de la coalición Juntos Haremos Historia.
La resolución judicial obliga a las autoridades a continuar con la investigación para esclarecer el destino de los recursos públicos asignados al proyecto de Next Energy y determinar la participación de otros funcionarios o representantes de la empresa en la firma del contrato que ha generado controversia en la entidad fronteriza.
