Por Luis Martínez Alcántara
El vuelo 5342 de American Airlines, operado por PSA Airlines, colisionó con un helicóptero militar Black Hawk sobre el río Potomac, cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington D.C. El trágico accidente resultó en la muerte de 64 pasajeros y 3 tripulantes del avión, así como de los 3 soldados a bordo del helicóptero, sumando un total de 70 víctimas fatales.
Tras el incidente, el presidente Donald Trump expresó que el choque “no debería haber sucedido” y sugirió que las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) implementadas en la Administración Federal de Aviación (FAA) podrían haber contribuido al accidente. Argumentó que estas políticas llevaron a la contratación de controladores aéreos menos calificados, lo que, según él, comprometió la seguridad aérea.
Funcionarios como Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte, y Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), criticaron las declaraciones de Trump, enfatizando la importancia de esperar los resultados de las investigaciones antes de emitir juicios. Buttigieg calificó las afirmaciones de Trump como “despreciables” y señaló que el presidente debería estar “liderando, no mintiendo”.
La NTSB inició una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente, incluyendo posibles errores humanos, fallos en los procedimientos de control de tráfico aéreo y otros factores. Se espera que un informe preliminar se publique en las próximas semanas, proporcionando más detalles sobre las circunstancias que llevaron a esta tragedia, la más mortífera en la aviación estadounidense en más de dos décadas.
Este accidente ha generado un debate nacional sobre las políticas de contratación y capacitación en la FAA, así como sobre la influencia de las políticas de DEI en la seguridad aérea. Mientras tanto, las familias de las víctimas y la comunidad en general esperan respuestas claras y acciones concretas para prevenir futuros incidentes similares.
