Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma electoral denominada ‘Plan B’ que modificaría artículos constitucionales en medio del proceso hacia las elecciones de 2027, generando críticas de partidos opositores que la califican como una medida autoritaria que afectaría la autonomía municipal y favorecería al partido en el poder.
La propuesta, que se discute actualmente en el Senado de la República, contempla cambios en el sistema electoral mexicano justo cuando se aproxima la renovación de 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y presidencias municipales. El gobierno federal defiende la iniciativa como democrática, mientras la oposición advierte sobre posibles afectaciones a la independencia de los organismos electorales.
Alejandro Moreno, presidente del PRI, señaló que la reforma permitiría campañas gubernamentales disfrazadas de comunicación oficial, lo que violaría el principio de equidad en contiendas electorales. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano alertó sobre el riesgo de crear una hegemonía de Morena que debilitaría el sistema de contrapesos políticos.
Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del INE, analizó que la iniciativa se enmarca en un contexto donde Sheinbaum mantiene una popularidad cercana al 70%, lo que podría facilitar la aprobación de cambios constitucionales. Sin embargo, destacó la importancia de preservar la autonomía de los órganos electorales para garantizar procesos limpios.
La reforma también se discute en paralelo a la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), lo que añade presión internacional sobre la transparencia de los procesos democráticos mexicanos. Los partidos PVEM y PT, aliados de Morena, mantienen negociaciones sobre su postura definitiva ante la iniciativa.
El debate sobre la ‘Plan B’ electoral ocurre en un año crucial para la política mexicana, donde la oposición busca consolidar fuerzas ante la posibilidad de que Morena fortalezca su presencia en gobiernos estatales y municipales. La discusión continuará en las próximas semanas en el Congreso de la Unión.
