Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, sentenciado como el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, al definir el crimen político de 1994 como un asunto de Estado que no puede ser resuelto mediante beneficios legales individuales. La declaración se produce en el marco de la reapertura de la investigación sobre el magnicidio, la cual ha generado un debate público entre el Ejecutivo federal y familiares de la víctima.
De acuerdo con documentos del Poder Judicial de la Federación citados por el diario La Jornada, la postura de la mandataria contradice la interpretación legal esgrimida por Luis Donaldo Colosio Riojas, senador y hijo del candidato priista. Mientras el legislador afirmó que la Presidenta cuenta con la facultad constitucional para emitir el indulto pero carece de la voluntad política para hacerlo, Sheinbaum sostuvo que la naturaleza del caso impide tal acción administrativa.
El conflicto de versiones surge mientras las autoridades judiciales revisan la hipótesis de un complot que involucraría a un segundo tirador. En este contexto procesal, se ha mencionado el nombre de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuyo procedimiento de apelación se encuentra actualmente en suspenso. La Fiscalía General de la República no ha emitido un pronunciamiento formal que confirme la teoría del complot en los términos planteados por las partes.
Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo hizo referencia a la trayectoria política de Luis Donaldo Colosio Riojas, cuestionando con tono irónico su aspiración a la gubernatura de Sonora a pesar de haber sido electo senador por Nuevo León. Este comentario añade una capa de tensión política a la discusión jurídica sobre la condena de Aburto Martínez, quien purga una pena por el homicidio ocurrido hace más de tres décadas.
La investigación sobre el asesinato de Colosio Murrieta, perpetrado en 1994, mantiene vigentes las demandas de justicia de diversos sectores sociales. Sin embargo, la posición del gobierno federal parece cerrar la puerta a una resolución vía indulto presidencial, enfocando la solución del caso exclusivamente en los mecanismos judiciales ordinarios y las determinaciones del Poder Judicial.
Ante la discrepancia sobre las facultades presidenciales y la voluntad de ejercerlas, el caso permanece bajo escrutinio público. La falta de consenso entre la familia Colosio y la administración de Sheinbaum sugiere que el debate sobre la verdad histórica y jurídica del magnicidio continuará siendo un tema central en la agenda política nacional durante los próximos meses.
