Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- El Senado de la República recibió formalmente la iniciativa de reforma constitucional conocida como Plan B, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de reducir privilegios en el gasto público político y fortalecer la revocación de mandato. La propuesta, que llega una semana después del rechazo de la primera reforma electoral en la Cámara de Diputados, modifica los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución para ajustar presupuestos legislativos y cambiar las reglas de la democracia directa.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la reducción progresiva del presupuesto del Senado durante cuatro ejercicios fiscales, hasta alcanzar una disminución acumulada del 15% en términos reales respecto al aprobado para 2026. El texto establece que este ajuste no podrá afectar los derechos laborales de los trabajadores del órgano legislativo. Asimismo, se impone un techo a los presupuestos de las legislaturas estatales, los cuales no podrán superar el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa, destinando los recursos liberados a obras de infraestructura pública.
En el ámbito municipal, la reforma propone fijar un tope en la integración de los ayuntamientos, limitándolos a una sindicatura y un máximo de quince regidurías. Los municipios que ya cuenten con menos integrantes conservarán su composición actual, y los ahorros generados deberán reinvertirse en servicios públicos locales y obra pública dentro del mismo municipio, sin posibilidad de transferencia a otros órdenes de gobierno.
La iniciativa también pone límites a las prestaciones de la alta burocracia electoral. Consejeros y magistrados del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los organismos públicos locales y tribunales electorales, quedarán impedidos de contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida, de pensiones privadas o cajas de ahorro especiales, salvo que estén expresamente contemplados en la ley o contratos colectivos de trabajo.
Respecto a la revocación de mandato, el Plan B busca adelantar la posibilidad de solicitar la consulta popular al tercer año de gobierno, cuando actualmente está prevista para el cuarto año. Este mecanismo permite a la ciudadanía decidir si un gobernante debe terminar anticipadamente su cargo si reúne el respaldo del 3% de la lista nominal de electores distribuido en al menos 17 entidades federativas.
Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, recibió el documento en un acto oficial donde Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política, calificó la iniciativa como noble para el pueblo de México y congruente con el principio de austeridad republicana. “No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre”, expresó el legislador al destacar el compromiso de acabar con prebendas y corrupción.
El análisis de conversación digital señala que el tema genera polarización, con un 21% de las interacciones en redes advirtiendo riesgos para la democracia, la paridad de género y la libertad en internet. Se estima que el costo unitario de una consulta de este tipo ronda los 35 pesos por voto, basado en proyecciones de la elección intermedia de 2021. La discusión legislativa está programada para la próxima semana en el Senado.
