Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La coordinación de Morena en el Senado anunció que busca realizar la votación del ‘Plan B’ de la reforma electoral el próximo miércoles 25 de marzo, antes del inicio de la Semana Santa, aunque la fecha carece de confirmación oficial definitiva. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, genera intensas críticas de la oposición que la califica de ‘Ley Maduro’ y advierte que derivará en un aumento significativo del gasto público municipal en lugar de un ahorro.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara Alta, aseguró que el grupo parlamentario tiene planeado aprobar la reforma constitucional en el pleno la próxima semana. El legislador indicó que se cuenta con el respaldo de sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), quienes han expresado su apoyo general a la agenda, pese a mantener reservas internas sobre mecanismos específicos como la revocación de mandato.
La propuesta contempla modificaciones que afectarían la estructura de los gobiernos locales. Según datos de la investigación, la reforma implicaría un aumento en el número de integrantes de cabildos en aproximadamente 1,100 municipios del país, mientras que solo 56 verían reducida su representación. En el estado de Yucatán, por ejemplo, se estima que el 74% de los municipios tendría que ampliar su cabildo, lo que generaría 221 regidurías adicionales.
Ante estos números, el diputado Elías Lixa Abimerhi criticó que la medida contradice el discurso de austeridad, pues obligará a los municipios a incrementar su gasto operativo. Por su parte, senadores de la oposición como Manuel Añorve Baños, del PRI, han definido la iniciativa como ‘el Plan Maduro’, equiparándola con medidas autoritarias, mientras columnistas de opinión la han catalogado como un intento de golpe de Estado institucional.
Las críticas también se centran en la inclusión de la revocación de mandato. Analistas y legisladores opositores argumentan que este mecanismo es improcedente en el contexto actual, dado que no se ha configurado la ‘pérdida de confianza’ en la presidenta, requisito establecido constitucionalmente para activar dicho proceso. Se señala que esta herramienta podría ser utilizada para mantener una campaña permanente del Ejecutivo federal.
A pesar de la presión por cerrar la legislatura antes del receso religioso, persiste la incertidumbre sobre la fecha exacta de la sesión y el texto final del dictamen que será sometido a votación. No se ha divulgado oficialmente el número de senadores que garantizarían la mayoría cualificada necesaria, ni los detalles específicos sobre los privilegios que se buscarían recortar en los órganos electorales como contraparte a las reformas propuestas.
