Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por el Ejecutivo federal, aunque con una modificación sustancial: la exclusión de los cambios al artículo 35 constitucional que habrían permitido adelantar la revocación de mandato presidencial a junio de 2027. La sesión, que se extendió hasta cerca de la medianoche, concluyó con un marcador de 87 votos a favor y 41 en contra, logrando la mayoría calificada gracias al respaldo condicionado del Partido del Trabajo (PT).
La decisión final fue resultado de una negociación de última hora donde el PT, liderado por Alberto Anaya Gutiérrez, estableció como condición indispensable para apoyar la iniciativa la eliminación de cualquier disposición relacionada con la revocación de mandato. Aunque Morena y el PVEM defendieron la propuesta original argumentando que el mecanismo es una herramienta de responsabilidad y no de confrontación, la postura petista prevaleció. Como consecuencia, la minuta remitida ahora a la Cámara de Diputados solo incluye medidas de austeridad, como la reducción de presupuestos en congresos estatales y ajustes a las remuneraciones de funcionarios electorales.
Durante el debate en tribuna, surgieron posturas encontradas sobre las implicaciones políticas de esta exclusión. Mientras sectores de la oposición y analistas señalaron que la maniobra evitó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pudiera aparecer en la boleta electoral de 2027 y hacer campaña durante ese periodo, la propia mandataria ha negado que la iniciativa tuviera tintes electorales o buscara beneficios partidistas. Esta contradicción marcó el tono de una jornada legislativa caracterizada por la tensión entre los bloques parlamentarios.
La sesión inició alrededor de las 18:00 horas y estuvo marcada por discusiones acaloradas. Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Oscar Cantón y Enrique Inzunza respectivamente, instaron a los senadores del PT a avalar la reforma en sus términos originales. Sin embargo, Alberto Anaya subió a la tribuna para confirmar que su bancada presentaría una reserva para eliminar todo lo relativo al mecanismo de revocación, manteniendo su apoyo únicamente a los aspectos de reducción de privilegios y gasto público.
Con la aprobación de este dictamen modificado, la consulta de revocación de mandato para la actual administración queda sujeta a los tiempos establecidos en la ley vigente. Esto significa que el proceso solo podrá solicitarse a finales de 2027, entre octubre y diciembre, para que la consulta se efectúe en abril de 2028, lejos de la fecha de las elecciones intermedias. El bloque oficialista logró salvar la parte medular de su estrategia de austeridad, aunque debió ceder en su intento de reconfigurar los tiempos del escrutinio ciudadano hacia el Ejecutivo.
Tras la votación, la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para concluir su trámite legislativo. El camino recorrido por esta reforma refleja las dificultades de consenso dentro de la coalición gobernante, sumando este episodio al rechazo que sufrió una iniciativa previa en San Lázaro. La atención política se centra ahora en cómo procederá la Cámara baja con los tres temas restantes: la reducción de regidurías, el límite al gasto en legislativos locales y el tope salarial para altos funcionarios del sistema electoral.
