Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral conocido como ‘Plan B’, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras una sesión marcada por la división entre los grupos parlamentarios. Con 128 senadores presentes, la iniciativa obtuvo 87 votos a favor de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), mientras que 41 legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
Aunque el oficialismo logró sacar adelante la discusión general del paquete de medidas, el núcleo duro de la propuesta presidencial sufrió un revés significativo durante el proceso. La disposición para adelantar la revocación de mandato al año 2027, lo cual habría permitido someter a la jefa del Ejecutivo a una consulta popular a mitad de su sexenio, fue rechazada. Esta decisión respondió principalmente a la negativa del Partido del Trabajo, aliado de la coalición gobernante, quien se opuso a incluir este mecanismo en la legislación vigente.
El proyecto aprobado contempla una serie de ajustes estructurales destinados, según sus promotores, a eliminar privilegios y reducir el gasto público. Entre las medidas que avanzan se encuentra el tope máximo de 15 regidurías por Ayuntamiento, así como la limitación del presupuesto de las legislaturas locales al 0.70 por ciento del presupuesto estatal correspondiente. Asimismo, se eliminaron los seguros médicos privados, las pensiones privadas y los regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados electorales.
Otro punto central de la reforma es la aplicación de un recorte progresivo del 15 por ciento al presupuesto del Senado. No obstante, existen divergencias sobre el impacto financiero real de estos cambios. Mientras fuentes oficiales señalan un ahorro en recursos públicos, análisis preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE) sugieren que la eliminación de bonos por trabajo extra durante el año electoral podría generar un mayor gasto al requerir otros mecanismos para respetar los derechos laborales de los funcionarios.
La sesión contó con la presencia e intervención de líderes políticos clave como Alberto Anaya, Alejandro Moreno Cárdenas, Oscar Cantón Zetina e Ignacio Mier, quienes representaron las posturas de sus respectivas fuerzas políticas. Las discusiones reflejaron las perspectivas opuestas sobre el objetivo final de la reforma: mientras el oficialismo la presenta como un fortalecimiento democrático, sectores de la oposición y analizistas la califican como un retroceso que busca disminuir la competencia política.
Con esta aprobación en lo general, la reforma electoral inicia su camino legislativo, aunque deberá enfrentar aún el análisis en lo particular de cada artículo y los posibles obstáculos en las cámaras revisoras. El debate político se centra ahora en cómo se implementarán los recortes presupuestales y si las medidas de austeridad logrará equilibrar las finanzas electorales sin afectar la operación de los organismos autónomos para los comicios venideros.
