Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación firmaron un convenio de colaboración para incorporar la igualdad sustantiva y la no discriminación en la labor jurisdiccional, mientras organizaciones de derechos humanos exigen que los derechos de los pueblos indígenas sean vinculantes y no solo declarativos en el sistema de justicia mexicano.
El acuerdo institucional fue suscrito el 20 de marzo de 2026 por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred Claudia Olivia Morales Reza, con el objetivo de promover mecanismos que integren la perspectiva de igualdad en las decisiones judiciales. Las instituciones no detallaron los mecanismos concretos para incorporar la igualdad sustantiva en la función jurisdiccional.
De manera paralela, la senadora Malú Micher impulsó desde el Senado de la República un llamado para uniformar las leyes de género en todos los estados del país, buscando armonización legislativa en materia de derechos humanos. No se estableció un plazo específico o medidas de seguimiento para dicha armonización en las entidades federativas.
Organizaciones como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México emitieron un posicionamiento exigiendo una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional que haga efectivos los derechos indígenas. No se especificó el contenido o el estatus legislativo de dicha propuesta.
En contraste con los anuncios institucionales, un caso judicial específico señala una actuación cuestionable de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien otorgó amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado de fraudes. José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández también aparecen como involucrados en el caso. No hay información sobre la reacción del Poder Judicial a las críticas sobre este asunto.
El contexto de estas acciones se desarrolla en un momento donde la Plataforma Nacional de Datos Abiertos suma más de 5 mil bases de datos de 184 instituciones, según reporte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. El cluster refleja tanto acciones oficiales como demandas sociales y casos problemáticos dentro del sistema de justicia mexicano.
