Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El ministro Arístides Guerrero García presentará al pleno de la SCJN un proyecto que busca validar que el IMPI pueda ordenar el bloqueo de contenidos en sitios de Internet, tras la negativa de un amparo a la empresa Total Play. El proyecto del ministro Guerrero García se listó para discusión el 9 de abril de 2026.
La propuesta del ministro consiste en confirmar la sentencia del 31 de enero de 2025 del juzgado segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, que negó el amparo a Total Play. El juez federal declaró constitucional el artículo 344, fracción VII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
El caso comenzó el 25 de julio de 2024, cuando varias empresas denunciaron ante el IMPI la difusión ilegal de películas en dos sitios de Internet y solicitaron su bloqueo. El IMPI admitió el trámite en agosto de 2024, decretó la medida provisional en septiembre y, tras el incumplimiento, ordenó en octubre a proveedores de Internet, entre ellos Total Play, bloquear los sitios.
En noviembre de 2024, Total Play promovió un amparo contra la orden y la norma que la sustenta. La empresa argumentó que la orden invade facultades del órgano regulador de telecomunicaciones, viola la libertad de expresión y el acceso a la información, y constituye una medida desproporcionada.
Por otro lado, un grupo de organizaciones, colectivos e instituciones académicas y civiles entregó a la SCJN una solicitud formal respaldada por 600 firmas ciudadanas para exigir a los ministros realizar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa, antes de emitir un fallo. La petición fue entregada el 25 de marzo de 2026 y dirigida al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.
La entrega fue realizada por representantes, entre ellos los personajes centrales de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), como Daniel García Rodríguez, quien fue sujeto a prisión automática durante más de 17 años sin recibir sentencia. El afectado declaró: “Es una petición justa, real y además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia”.
El asunto de la prisión preventiva oficiosa sigue pendiente de discusión en la SCJN, en cumplimiento de las sentencias de la Coridh en los casos Tzompaxtle Tecpile (2022) y García Rodríguez y otro vs. México (2023). En esos casos, el Estado mexicano fue condenado por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
Adicionalmente, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación instaló la visitaduría regional del órgano de evaluación del desempeño judicial para las regiones Ciudad de México uno y dos. La magistrada presidenta del TDJ, Celia Maya García, indicó: “La disciplina judicial debe asumirse como una práctica cotidiana de apego a reglas, principios y deberes, indispensable para preservar la confianza pública en la impartición de justicia”.
