Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo ayer la revisión del caso de huachicol fiscal más relevante hecho público en el país, debido a la falta de procedibilidad en el proceso penal original. La decisión busca determinar si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Administración General de Aduanas (ANAM) son las instancias competentes para representar el interés fiscal en estos delitos.
El caso involucra a Édgar Marín Meza Moreno e Irving Espinosa Betanzo, quienes están vinculados con la presunta sustracción irregular de 21.5 millones de litros de diésel. La controversia surge tras la anulación del proceso penal por un tribunal federal en Veracruz, el cual determinó que no se cumplieron los requisitos legales para iniciar la acción penal.
Según lo establecido en la investigación, el tribunal de Veracruz anuló el proceso por dos motivos principales: la falta de intervención previa de la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM y una citación incorrecta durante la audiencia inicial. Estos vicios procesales motivaron la intervención del máximo tribunal del país para aclarar la jurisdicción y los procedimientos adecuados.
La atracción de este caso por parte de la SCJN marca un precedente importante para la interpretación de las leyes aduaneras y fiscales en México. La corte analizará si la representación del interés fiscal corresponde exclusivamente al SAT o si recae en la ANAM, lo cual podría modificar la forma en que se investigan y procesan futuros casos de contrabando y huachicol fiscal.
Esta revisión judicial ocurre en un contexto donde las autoridades buscan fortalecer los mecanismos legales contra la sustracción ilegal de combustibles y la evasión de impuestos. La resolución de la Suprema Corte establecerá las bases procesales que deberán seguir las autoridades fiscales y aduaneras en la persecución de estos delitos.
