Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México este delito se comete de manera sistemática y generalizada. La mandataria afirmó que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y negó que la crisis de desaparecidos en el país pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad, asegurando que dicha definición “es otra cosa” establecida por la organización internacional que no se adapta a la situación nacional.
El pronunciamiento del Comité señala que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad” y describe las desapariciones forzadas como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda recae en las familias y no en el Estado. El documento destaca una grave crisis forense, con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido sostenidamente desde los 52,000 calculados en 2021. Además, se estima la existencia de más de 4,500 fosas clandestinas donde se han localizado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos.
Frente a estas aseveraciones, el Gobierno de Sheinbaum realizó un cribado de la información que arroja que solo un tercio de los registros, específicamente 43,128 casos, correspondería a personas realmente desaparecidas. Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella” y argumentó que el análisis “se basa en datos de 2009 a 2017” y considera únicamente cuatro entidades federativas. Alcalde indicó que de los 132,534 casos totales, 46,742 no están vinculados a una persona debido a registros incorrectos permitidos desde 2017.
La cancillería de México calificó el informe de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años. Sheinbaum advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU y acusó que el documento “usa un análisis del 2009 al 2017 en cuatro estados para extrapolar hasta el 2025”. Por su parte, Luisa Alcalde señaló que “indebidamente no se toma en cuenta todas las acciones realizadas a partir de 2018 por la 4T” y destacó que las autoridades han confirmado el paradero de 5,200 ciudadanos mediante pruebas de vida directas tras detectar señales de actividad posterior a la fecha de desaparición en más de 40,000 casos.
En contraste, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló que el análisis examina “la evolución de la situación hasta la actualidad” y que su evaluación no se limita a un periodo específico, integrando información acumulada durante más de una década. El Comité subraya que incorpora datos recientes, destacando 28,880 desapariciones reportadas entre el 1 de enero de 2023 y el 22 de abril de 2025, y sitúa el origen del agravamiento del fenómeno en 2006. Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, afirmó que la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General es “muy importante” e “histórica”, sosteniendo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”.
En el ámbito legislativo, la diputada Laura Ballesteros exigió que Rosario Piedra renuncie a la CNDH por su deficiente actuación ante la crisis de desapariciones, acusándola de ejercer un papel protector del Estado. Ballesteros anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político contra la titular de la comisión. Asimismo, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones, declarando que “no pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”, y anunció acciones para exigir rendición de cuentas. La Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité y a no descalificar la decisión del organismo internacional.
