Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Un juzgado federal ordenó la reapertura por tres meses de la investigación penal contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de liderar una organización criminal dedicada al huachicol fiscal, tras comprobarse que la Fiscalía General de la República (FGR) vulneró su derecho de defensa al negarse reiteradamente a entregar la carpeta completa del caso. La resolución de la jueza Mariana Vieyra Valdés, del Centro de Justicia Penal Federal, responde a un recurso de la defensa que alegó opacidad procesal en la causa penal 325/2025, vinculada al decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas en marzo de 2025.
El imputado, actualmente recluido en el penal del Altiplano, enfrenta cargos por operar presuntamente desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) una red de contrabando de combustible conocida como ‘Los Primos’, donde también estaría involucrado su hermano Fernando Farías Laguna, contraalmirante en activo y actualmente prófugo. La defensa, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, logró una tutela de derechos que obliga a la FGR a transparentar todo el expediente durante el nuevo plazo investigativo.
La resolución judicial destacó que la fiscalía incumplió en múltiples ocasiones los requerimientos para compartir la totalidad de las evidencias, incluido un plazo perentorio de cinco días previo a la decisión de reapertura. Este caso refleja tensiones recurrentes entre el poder judicial y la FGR por opacidad en procesos de alto perfil, donde imputados alegan obstaculización de sus garantías procesales.
El exvicealmirante Farías Laguna había enviado previamente una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando violaciones procesales, aunque los detalles específicos de dichas alegaciones no se han hecho públicos. El huachicol fiscal, modalidad que evade impuestos al comercio internacional de combustibles, representa pérdidas millonarias al erario y suele involucrar a funcionarios corruptos.
La nueva investigación complementaria, que deberá desarrollarse en los próximos tres meses, busca esclarecer el papel exacto del exmilitar en la red criminal y determinar responsabilidades penales adicionales. El caso ocurre en un contexto de creciente escrutinio a redes de corrupción en aduanas y sectores energéticos, con múltiples procesos judiciales abiertos por desvíos de hidrocarburos.
