Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos, activistas y familiares de víctimas denunciaron este mes un patrón regional de represión estatal que abarca desde el desmantelamiento de políticas de memoria en Argentina hasta desapariciones forzadas de deportados en El Salvador y confiscación de bienes a opositores en Venezuela y Nicaragua. Las alertas fueron emitidas en el contexto de un endurecimiento de las políticas migratorias y de seguridad en varios países de la región.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrenta críticas por la expulsión masiva de migrantes. Según datos recopilados, en los últimos dos meses unas 5,000 personas no fueron admitidas o fueron expulsadas del territorio. La cifra representa un aumento significativo respecto al año anterior, cuando en 2024 se registraron 620 deportaciones, un 40% más que en el periodo previo. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional de Argentina, ha anunciado medidas en línea con este enfoque restrictivo, mientras vecinas de Mendoza, como Macarena Limousin, lideran protestas socioambientales frente a proyectos extractivos.
La situación en Centroamérica presenta cuadros de gravedad extrema según los denunciantes. Human Rights Watch (HRW) señaló la desaparición de 11 salvadoreños deportados desde Estados Unidos, entre ellos César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’. Mientras el gobierno de EE.UU. y las autoridades de El Salvador acusan a los deportados de pertenecer a la pandilla MS-13, las familias de las víctimas y la organización defensora niegan dicha condición para la mayoría de los casos, indicando falta de evidencia pública que vincule a todos los desaparecidos con actividades criminales. En 2025, más de 9,000 salvadoreños fueron deportados desde territorio estadounidense.
En Venezuela y Nicaragua, las denuncias se centran en la persecución política. Lilian Tintori, junto a otros opositores como William Dávila, Enrique Márquez y Leopoldo López, ha hecho públicas las acciones del gobierno de Nicolás Maduro que incluyen la confiscación de bienes. Asimismo, se reporta la desaparición del dirigente chavista Carlos Brenes bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Activistas como Amaru Ruiz y Thelma Brenes han testimoniado sobre estas violaciones, aunque no se detallan los cargos específicos ni el estado de salud actual de algunos de los liberados.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, emitió un comunicado oficial donde se destaca la convergencia de estos fenómenos como una crisis de derechos humanos transversal. La economista Mercedes D’Alessandro también ha participado en el análisis de las consecuencias sociales de estas políticas. Las organizaciones subrayan que, más allá de las acusaciones gubernamentales de combate al crimen o mantenimiento del orden, existen vacíos de información sobre el paradero de detenidos y la legalidad de los procedimientos aplicados.
El panorama descrito por las fuentes incluye la referencia histórica a las 30,000 personas desaparecidas durante la dictadura argentina como marco de memoria que actualmente se ve amenazado. A pesar de las declaraciones oficiales de los gobiernos involucrados justificando sus acciones como medidas de seguridad nacional o soberanía, la sociedad civil y los organismos internacionales exigen transparencia sobre el paradero de los desaparecidos y el cese de lo que califican como prácticas sistemáticas de violación a derechos fundamentales en la región.
