Por Luis Martínez Alcántara
La Ciudad de México avanza en la protección de los derechos humanos al proponer la creación de refugios para mujeres que egresan de prisión. Esta iniciativa busca garantizar vivienda y atención médica a aquellas que, al recuperar su libertad, se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente las adultas mayores sin redes de apoyo familiar.
La diputada Rebeca Peralta León, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó la propuesta en el Congreso capitalino, enfatizando la necesidad de visibilizar y apoyar a estas mujeres en su proceso de reintegración social.
La propuesta contempla reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México para incluir a las mujeres liberadas como beneficiarias de refugios. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso local respalda esta iniciativa, subrayando la importancia de brindar apoyo integral a las ex reclusas para prevenir la reincidencia y promover su reinserción efectiva en la sociedad.
Actualmente, en el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, hay 39 mujeres adultas mayores con diversas condiciones de salud y vulnerabilidad. Se espera que siete de ellas obtengan su libertad próximamente, pero carecen de un lugar a dónde ir. La diputada Peralta León destacó casos como el de Maribel Núñez, quien, tras 11 años de reclusión y con discapacidad física y psicosocial, será liberada el 27 de mayo sin un hogar al cual regresar.
La falta de políticas públicas enfocadas en la reinserción social de mujeres ex reclusas dificulta su acceso a oportunidades laborales y a una vida digna. La estigmatización y la ausencia de programas de apoyo aumentan la probabilidad de reincidencia. Por ello, la propuesta legislativa busca establecer mecanismos que faciliten su transición y adaptación a la vida en libertad, garantizando sus derechos fundamentales.
La implementación de refugios especializados proporcionaría a estas mujeres un espacio seguro donde recibir atención integral, incluyendo servicios de salud, asesoría legal y capacitación laboral. Esta medida no solo beneficiaría a las ex reclusas, sino que también contribuiría a la seguridad y bienestar de la sociedad en general, al fomentar su reintegración efectiva y reducir la posibilidad de que vuelvan a delinquir.
