Por Redacción
Iguala, 23 de marzo de 2026.- Nuevas líneas de investigación en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa han conducido a la funeraria El Ángel, ubicada en Iguala, la cual había sido previamente descartada por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI). Los dueños del establecimiento fueron detenidos como parte de las indagatorias que se reactivan bajo un nuevo esquema de trabajo.
La investigación se reactiva bajo la dirección del fiscal Mauricio Pasarán, quien encabeza el caso en la actual administración. La presidenta Claudia Sheinbaum ha indicado que solicitó al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, establecer comunicación con los padres y madres de los estudiantes para explicarles los avances antes de hacerlos públicos, aunque prefirió que sea la Fiscalía quien proporcione los detalles para no interferir en el proceso investigativo.
Según lo señalado en las contradicciones del caso, la funeraria El Ángel fue investigada en su momento y posteriormente desechada por el GIEI, pero ahora constituye objeto de nuevas investigaciones bajo el nuevo esquema implementado por la administración actual. Esta situación representa un cambio en la dirección de las indagatorias respecto a lo establecido en informes anteriores.
Entre la información que permanece pendiente de confirmación se encuentra la fecha exacta del hallazgo de restos óseos en una bolsa etiquetada con 2014, así como la identidad completa de los dueños detenidos de la funeraria. Tampoco se ha hecho pública la evidencia concreta que vincula al establecimiento con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
La presidenta mencionó que existe un análisis telefónico muy riguroso en curso, aunque los resultados de dicho procedimiento no han sido dados a conocer. Asimismo, se señala que la funeraria opera de manera muy irregular, sin que se hayan proporcionado detalles específicos sobre cómo funciona dicho esquema.
El caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, mantiene a las familias de las víctimas a la espera de respuestas definitivas. Las nuevas líneas de investigación buscan aportar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido hace más de una década.
Se espera que la Fiscalía presente un informe con los hallazgos concretos de esta nueva fase investigativa, aunque no se ha especificado el contenido detallado de dicho documento ni los tiempos en que será dado a conocer a las familias y a la opinión pública.
