Por Redacción
Ciudad de Mexico, 31 de julio de 2026.- Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá su comisión, la verdadera calificación de candidatos no será en México, pues al final dependerá de la justicia de Estados Unidos, existiendo el riesgo de su injerencia en el proceso electoral del año próximo.
En el país existen controles internos desde hace tiempo, pero no han resultado efectivos porque a la postre se conocen sus malas mañas y nexos. Esa tarea la realizan la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República y otras instituciones. Si hubieran sido eficaces, no tendríamos con licencia al gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a Enrique Inzunza Cázares alejado del Senado, además de otros exservidores públicos huidos que han aportado datos a satisfacción de Estados Unidos.
Tampoco se conocerían casos como el del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, y otros alcaldes detenidos y bajo proceso por sus ligas con la delincuencia en Jalisco, Morelos y otros estados. Asimismo, no se sabrían los alcances del grupo criminal de La Barredora, formado por Hernán Bermúdez Requena desde una posición de poder en la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco.
La gran decisión está en Estados Unidos. En México poco importan denuncias como las endilgadas a Rubén Rocha Moya en las dudosas elecciones de 2021; el golpe vino casi cinco años después desde el tribunal federal del sur de Nueva York con la acusación “de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”.
Ante este escenario, surgen interrogantes sobre qué pasaría si desde el norte hicieran nuevas acusaciones contra candidatos de cualquier partido cuando estén en campaña, lo que podría anular las autorizaciones otorgadas por el INE a partir de los juicios de los consejeros Arturo Chávez, Uuc-kib Espadas y Norma de la Cruz, integrantes de la comisión recién instalada. Ya hay algunos aspirantes con dificultades, como los bajacalifornianos Julieta Ramírez, Montserrat Caballero e Ismael Burgueño, todo a partir de las visas.
En otro orden de ideas, la presidenta Claudia Sheinbaum puso una muestra del derecho de las audiencias: “Quien no quiera ver la Mañanera que no la vea”, dijo ayer al desmentir sus propósitos de censura y a la vez reivindicar la facultad de toda persona de qué escuchar, qué ver y qué leer en materia informativa. Ergo, la decisión no le corresponde al gobierno calificar las notas periodísticas y análisis dirigidos a la ciudadanía, pero tampoco descalificar públicamente a periodistas y a medios de comunicación.
