Ciudad De México, 03 de junio de 2026.- Diversos medios reportan que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por presuntos vínculos con el crimen organizado, situación que habría derivado en el retiro de sus visados estadounidenses. Ambos funcionarios son miembros del partido Morena y aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con la información publicada, Durazo y Villarreal habrían ingresado recientemente a territorio estadounidense al amparo de un programa de libertad condicional por beneficio público significativo, mecanismo reservado generalmente para personas que cooperan con las autoridades o testifican ante un gran jurado. Se indica que Durazo viaja regularmente para recibir tratamiento médico especializado bajo este esquema, mientras que la investigación contra Villarreal está relacionada con el contrabando de combustible pirateado, conocido como huachicol, y que suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses al cruzar la frontera.
Frente a estos reportes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló este 3 de junio que los gobernadores “tienen que aclarar” la situación ante la opinión pública. En un mitin político, la mandataria cuestionó las motivaciones detrás de las acciones estadounidenses: “¿Es realmente un interés legítimo combatir el crimen organizado? ¿O estamos quizás presenciando cómo sectores de la extrema derecha estadounidense están utilizando nuestro país para posicionarse de cara a sus elecciones de 2026? ¿O pretenden influir en las elecciones de 2027 en nuestro país?”.
Sheinbaum agregó: “¿Cuál es el interés? Tenemos todo el derecho, al menos, de la duda”, aunque también llamó a la calma: “Hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo… pueden venir estas cosas”.
Por su parte, los acusados han rechazado los señalamientos. Alfonso Durazo minimizó la información calificándola como una nota sin fuentes ni sustento, y negó que las autoridades estadounidenses le hubieran revocado la visa. “En el pueblo, todos nos conocemos y todos nos sabemos todo. Si hubiese la menor corruptela, la menor complicidad, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse”, afirmó el gobernador de Sonora, quien se ha negado a mostrar su visa para desmentir la nota.
El gobierno de Tamaulipas también desmintió las informaciones. Gerardo Algarín, director de Comunicación del estado, declaró de manera categórica: “No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado”. A pesar de las negativas de los funcionarios estatales, persisten los reportes sobre la existencia de investigaciones penales y el estatus migratorio especial de ambos gobernadores.
