Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que en México existen 132 mil 534 registros de personas desaparecidas, de los cuales 36 por ciento, equivalente a 46 mil 724 casos, no cuentan con información suficiente para facilitar su búsqueda. La titular del organismo, Marcela Figueroa Franco, presentó estos datos durante la conferencia matutina celebrada este viernes 27 de marzo, basándose en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Según el reporte oficial, de los casos con deficiencias informativas, muchos carecen de datos básicos como nombre, sexo, fecha de nacimiento o lugar de desaparición. La funcionaria señaló que esta falta de información responde a que, antes de la reforma en materia de desaparición de 2025, no se exigían datos mínimos para integrar los registros. Asimismo, se detalló que 40 mil 308 casos presentan actividad posterior a la fecha de desaparición en registros administrativos, mientras que 43 mil 128 cuentan con datos completos pero sin indicios de localización.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que las reformas en el marco legal y las acciones para combatir este flagelo han permitido la aprehensión de 286 presuntos delincuentes relacionados con la desaparición de personas. Además, se han dado de baja 547 cuentas de redes sociales utilizadas por el crimen organizado para contactar jóvenes, mientras otras 725 cuentas permanecen bajo investigación. Rodríguez enfatizó que ahora, al reportar una desaparición ante la Comisión Nacional de Búsqueda, se emite una alerta distribuida de forma masiva e instantánea a fiscalías, policías y puntos estratégicos como aeropuertos y terminales de autobuses.
Familiares de personas desaparecidas recibieron el informe con expectativas de avance. Adela Alvarado, consejera nacional del Sistema Nacional de Búsqueda e integrante de la Fundación Mónica Alejandrina por los Derechos Humanos, comentó que “hay esperanza” de progresar en la problemática, especialmente mediante la revisión de expedientes para afinar datos y la obligatoria apertura de carpetas de investigación. Alvarado subrayó que muchos informes anteriores estaban incompletos o no se levantaron las denuncias correctamente, por lo que clarificar la información es una base fundamental para avanzar en los casos pendientes.
El informe se presenta en el contexto de las reformas legales de 2025, las cuales buscan fortalecer la respuesta institucional ante la crisis de desapariciones. Entre las medidas destacadas se encuentra la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda y la Plataforma Única de Identidad, herramientas diseñadas para homologar los esfuerzos a nivel nacional y fincar responsabilidades a los funcionarios públicos que no cumplan con los protocolos establecidos.
