Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la actualización de las credenciales para votar con un código QR reforzado, como parte de una nueva infraestructura criptográfica de alta densidad para proteger la identidad de los electores. En un evento paralelo celebrado en el mismo organismo, el especialista en transparencia Adán Córdova Trujillo señaló que el costo promedio anual por cada legislador local en el país asciende a 13.7 millones de pesos, lo que representa una carga financiera significativa para los congresos estatales.
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, presentó las nuevas medidas de seguridad, que incluyen un código QR mejorado y el desarrollo de aplicaciones que permitirán a los ciudadanos verificar la autenticidad de su credencial sin necesidad de conexión a internet. La actualización busca contrarrestar posibles intentos de falsificación y garantizar la integridad del padrón electoral.
Por otro lado, durante la presentación de un libro académico en las instalaciones del INE, el experto Adán Córdova Trujillo reveló cifras sobre el costo de los congresos locales. Según sus datos, en México existen 1,123 legisladores locales, de los cuales 469 pertenecen a Morena, 164 al PAN, 126 al Partido Verde, 99 al PRI, 97 al PT, 77 a Movimiento Ciudadano, 66 a partidos locales, 23 al PRD y 2 sin partido.
Córdova Trujillo, especialista en transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, argumentó que el elevado gasto por cada diputado local genera una presión financiera insostenible para las entidades federativas, especialmente en un contexto de ajustes presupuestales. Sus declaraciones pusieron el foco en la necesidad de una revisión profunda de la estructura y el financiamiento de los poderes legislativos estatales.
Aunque ambos temas fueron abordados en eventos distintos dentro del INE y reportados por el mismo medio el mismo día, reflejan dos facetas de la discusión sobre las instituciones políticas en México: por un lado, la modernización tecnológica para fortalecer la democracia electoral, y por el otro, la exigencia de mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos dentro de los congresos locales.
