Por Redacción
Valley Springs, 21 de marzo de 2026.- Un jurado federal en Estados Unidos imputó a cinco ciudadanos mexicanos por su presunta participación en una red dedicada a la fabricación y distribución de metanfetamina en California, tras el desmantelamiento de un laboratorio secreto localizado en Valley Springs. Los operativos de cateo, ejecutados el 27 de febrero de 2026 en las ciudades de Valley Springs, Turlock y Modesto, resultaron en la aprehensión de Luis Carrillo (33 años), Mariana Vanessa Mendoza Camacho (33 años), Juan Jesús Manríquez Díaz (31 años), Álvaro Rosales (44 años) y Manuel Juan Madrid Pérez (38 años).
De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., las autoridades aseguraron 1,430 libras de metanfetamina, de las cuales 1,270 libras se encontraban en proceso de elaboración y 300 libras listas para distribución. En el lugar también fueron confiscadas 12 armas de fuego, municiones, marihuana procesada y más de 1,900 plantas. Pamela Bondi, fiscal general de EE.UU., declaró que los implicados “presuntamente operaban un laboratorio secreto en suelo estadounidense produciendo miles de libras de drogas mortales para envenenar a nuestras comunidades”.
La investigación, que dio inicio en octubre de 2025, permitió vincular estos hechos con la captura de Ángel Esteban Aguilar, alias ‘Lobo Menor’, detenido previamente y señalado de tener vínculos con actividades criminales en Ecuador y con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ronald Johnson, embajador de EE.UU. en México, destacó la detención de Aguilar y de las cinco personas vinculadas al narcolaboratorio como un resultado directo de la cooperación binacional entre los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las autoridades federales estadounidenses enfatizaron que la imputación formal responde a la gravedad de operar instalaciones clandestinas para la producción masiva de estupefacientes dentro del territorio nacional. Aunque existen discrepancias en los reportes sobre la nomenclatura exacta de algunos involucrados y la conversión de las cifras aseguradas, la presencia de armamento y la cantidad de sustancia química confirman la escala industrial del proyecto criminal desarticulado en el condado de Calaveras.
Este caso subraya la continuidad de los esfuerzos conjuntos entre agencias de seguridad de ambos países para interrumpir cadenas de suministro de drogas sintéticas. La acción legal contra los cinco nacionales mexicanos marca un nuevo capítulo en la persecución de redes transnacionales que utilizan suelo estadounidense para la manufactura de ilícitos, con implicaciones directas en la seguridad pública de las comunidades afectadas por la distribución de estas sustancias.
