Tenancingo, 18 de junio de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejerció acción penal contra seis personas presuntamente relacionadas con la simulación del secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco. La institución señaló que el evento, ocurrido el 31 de mayo, fue un montaje planeado para obtener un rescate de 40 millones de pesos que saldrían del ayuntamiento y servirían para justificar un desfalco.
De acuerdo con las indagatorias, que incluyeron análisis de videograbaciones, entrevistas ministeriales y rastreo telefónico, no se observan actos de violencia física o sometimiento contra la alcaldesa durante el momento en que abordó el vehículo utilizado, el cual era empleado habitualmente por una de las personas detenidas. Un testimonio recabado por la Fiscalía refiere que “todo lo estaban planeando ellos, ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento, ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.
Las investigaciones indican que desde febrero de este año habría comenzado la planeación del supuesto secuestro por parte de José Roberto ‘N’ y Oscar ‘N’, identificados como esposo y cuñado de la alcaldesa, respectivamente. Ambos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes y son considerados prófugos. Durante el trayecto del evento, la presidenta municipal habría dado indicaciones sobre rutas para evitar cámaras de vigilancia y, en una conversación telefónica, pidió expresamente “que no avisara a la policía”.
Hasta el momento, tres personas han sido detenidas: Karla Valeria ‘N’, Víctor Manuel ‘N’ y Cristian ‘N’. Los presuntos participantes fueron localizados días después en el estado de Oaxaca. Además de la simulación de secuestro, Karla Valeria ‘N’ y Víctor Manuel ‘N’ también son investigados por el delito de extorsión y podrían alcanzar hasta 25 años de prisión.
Nancy Nápoles Pacheco será sometida a una audiencia de formulación de imputación el próximo 9 de julio por el delito de simulación de secuestro. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, la servidora pública alcanzaría una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, mientras que los particulares investigados podrían enfrentar hasta 16 años de prisión bajo el artículo 14 de la misma ley.
Debido a los indicios relacionados con un posible faltante de recursos públicos por 40 millones de pesos, la FGJEM dio vista a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). La alcaldesa, quien fue diputada local por Morena y preside desde hace cinco años el Consejo Estatal del partido, denunció inicialmente haber sido privada de la libertad el 1 de junio frente a su domicilio.
