Lázaro Cárdenas, 26 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Michoacán confirmó que el proceso legal contra Osmar “N”, el estudiante de 15 años acusado de asesinar a dos profesoras en la Preparatoria Antón Makarenko, se llevará a cabo bajo el sistema de justicia para adolescentes. El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó que solicitará al juez especializado que el menor sea juzgado por tres delitos: feminicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos del mismo tipo, reconociendo que el rifle AR-15 utilizado no cuenta con registro y ingresó ilegalmente al país.
A pesar de la gravedad de los hechos ocurridos la mañana del 24 de marzo, donde las docentes Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez perdieron la vida en la recepción del plantel, la autoridad ministerial mantuvo que el marco jurídico aplicable corresponde a la edad del imputado. Bajo la legislación vigente, la pena máxima de internamiento para un adolescente de entre 14 y 15 años es de tres años, una cifra contrastante con los hasta 50 años de prisión que enfrentarían si fueran procesados como adultos por feminicidio. Familiares de las víctimas han exigido públicamente que el caso se trate como delito de fuero común adulto, argumentando que el ataque fue planeado y no impulsivo.
El crimen ha detonado un debate a nivel nacional sobre la conveniencia de modificar las leyes para juzgar a menores como adultos en casos de extrema violencia. Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el suceso como “muy doloroso” y señaló que todo indica que el agresor tenía preparada la acción contra las maestras específicamente. La mandataria afirmó que este tema “es algo que se tiene que discutir en nuestro país, que es algo que necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo”, al tiempo que anunció la implementación de un programa nacional de salud mental para estudiantes de secundaria y media superior.
Las investigaciones revelaron que el estudiante publicó contenido en redes sociales nueve horas antes del ataque, mostrando el arma y expresando ideas vinculadas a subculturas misóginas conocidas como “incels”. Testigos y videos de seguridad indican que el joven ingresó al colegio ocultando el fusil en un estuche de guitarra, disparó 27 proyectiles de los 67 que portaba y fue sometido por alumnos y personal docente mientras esperaba la llegada de la policía. El agresor fue trasladado a la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Morelia, donde permanece a la espera de que se defina su situación jurídica.
En medio de las indagatorias, persisten contradicciones sobre el origen exacto del armamento. Mientras el adolescente declaró que el rifle pertenecía a su padre, quien sería miembro de la Secretaría de Marina, tanto su madre como su padrastro han negado ante las autoridades que el arma fuera de su propiedad. La Fiscalía continúa rastreando la matrícula del fusil para determinar su fabricación y trayectoria, así como analizando el teléfono celular del detenido para esclarecer las motivaciones precisas del doble homicidio.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado expresando condolencias a los familiares y a la comunidad educativa, reiterando su compromiso de construir entornos escolares seguros. Por su parte, el fiscal Carlos Torres Piña destacó que, aunque el sistema de justicia para adolescentes prioriza la rehabilitación sobre el castigo, en este caso se buscará aplicar la sanción más severa permitida por la ley dentro de ese ordenamiento, dada la naturaleza de los cargos presentados.
