Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México removió a tres funcionarios de sus cargos por presuntas conductas de corrupción y omisiones en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que entre los separados se encuentra un ministerio público que no proporcionó información sobre el domicilio, un policía de investigación señalado por solicitar dinero para acelerar la búsqueda y un segundo elemento que no realizó la visita a la dirección indicada.
La fiscal Bertha Alcalde Luján reconoció una tardanza “injustificable” de 15 horas en la reacción de la institución desde que se contó con la última ubicación de la víctima en su celular, dato proporcionado por la familia. “Implicó una dilación de 15 horas desde que se contaba con ese dato específico, lo que no se justifica de ninguna manera y será sancionado”, afirmó la funcionaria. Alcalde Luján calificó como indignante que la familia haya señalado con precisión el paradero y no se haya actuado con la inmediatez requerida.
Edith Guadalupe Valdés fue reportada como desaparecida el 15 de abril tras perder contacto cuando se dirigía a una entrevista de trabajo. Sus familiares acudieron al Ministerio Público con la localización en tiempo real que ubicaba a la joven en el edificio de Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, en la alcaldía Benito Juárez. Sin embargo, personal de la Fiscalía de Desaparecidos les pidió esperar 72 horas para abrir la carpeta de investigación, un requisito contrario a la ley, y además solicitó dinero para iniciar las indagatorias.
Las autoridades llegaron al edificio hasta las 20:30 horas del 16 de abril, pero no pudieron ingresar de inmediato debido a que la administradora del complejo y un vigilante negaron que Edith hubiera entrado y se negaron a facilitar el acceso a las cámaras de seguridad. El cuerpo de la joven fue hallado en la madrugada del 17 de abril dentro de un departamento del inmueble. La fiscalía informó que la víctima presentaba heridas en el tórax provocadas por un desarmador encontrado en la caseta de vigilancia, aunque otras valoraciones médicas iniciales señalaron golpes muy fuertes como probable causa del deceso, lo cual se confirmará con la necropsia.
Respecto a los responsables, Clara Brugada aseguró: “De ninguna manera va a quedar este caso impune. Sabemos que ya hay un detenido y que se están investigando todos los puntos”. La mandataria local enfatizó que “no podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esta manera” tras confirmar el retiro de los tres empleados.
La fiscal Alcalde Luján advirtió que solicitar dinero a las víctimas es una conducta inaceptable y anunció que se investigará si los funcionarios obstaculizaron el proceso. Asimismo, se indagarán posibles actos de obstrucción de la justicia por parte de la administradora y el vigilante del inmueble, quienes ya se encuentran declarando sobre el feminicidio.
