Por Redacción
Nueva York, 21 de marzo de 2026.- Autoridades judiciales de Estados Unidos mantienen una investigación preliminar contra el presidente colombiano Gustavo Petro por presuntos contactos con el narcotráfico y financiamientos irregulares durante su campaña electoral, mientras se concluye con una condena de 22 años y cuatro meses de prisión para Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, por el homicidio del senador Miguel Uribe Turbay.
De acuerdo con reportes de The New York Times, la indagatoria contra el mandatario se encuentra en una fase temprana y no existen cargos formales en su contra hasta el momento. Las fuentes indican que el objetivo central de la operación no sería Petro directamente, aunque se examinan sus posibles vínculos con estructuras criminales. La investigación se centra en supuestos canales de financiación ilícita que habrían operado durante el proceso que lo llevó a la presidencia.
En paralelo, la justicia estadounidense dictó sentencia contra Simeón Pérez Marroquín, identificado como un intermediario clave en el caso relacionado con la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. El individuo fue condenado a 22 años y cuatro meses de cárcel por el delito de homicidio agravado y otros cargos asociados. En este proceso también están involucrados Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, y Katherine Andrea Martínez Martínez.
Existen discrepancias en la información pública respecto a la profundidad de las pruebas contra el presidente colombiano. Mientras algunos reportes señalan la existencia de una investigación activa, otros medios como Publimetro han citado anteriormente que no existían pruebas concluyentes. La Fiscalía colombiana mantiene atención sobre estos desarrollos, aunque la acción legal principal recae bajo la jurisdicción de los fiscales en Nueva York.
La situación genera un escenario complejo para la administración de Petro, quien enfrenta el escrutinio internacional por estas acusaciones en etapa de exploración. Por otro lado, la condena ejecutada contra ‘El Viejo’ marca un cierre judicial significativo en la trama criminal que cobró la vida del legislador Uribe Turbay, estableciendo responsabilidades penales concretas para los ejecutores materiales.
Se mantiene a la espera de mayores detalles sobre la oficina fiscal específica que lidera la indagatoria en Estados Unidos y la fecha exacta de su inicio, datos que no han sido hechos públicos oficialmente. La evolución de este caso podría definir futuras acciones diplomáticas y legales entre Bogotá y Washington.
