Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La dictaminación del Plan B de la reforma electoral en el Senado de la República enfrenta un estancamiento debido a desacuerdos internos en la coalición oficialista, específicamente con el Partido del Trabajo (PT), respecto a la fecha para realizar la revocación de mandato y la definición del número de regidores por municipio. Aunque Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, atribuyó la pausa a una reunión pendiente con el Instituto Nacional Electoral (INE), fuentes cercanas al proceso señalan que la divergencia con el PT es el obstáculo central para emitir el dictamen en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
El conflicto se centra en dos puntos técnicos de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum: la propuesta de establecer un rango de 7 a 15 regidores en los ayuntamientos y el momento calendarizado para la consulta de revocación de mandato. Mientras Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que en reuniones previas el PT se mostró “100% a favor” de la estrategia, la postura pública actual de Alberto Anaya, dirigente nacional del laborismo, refleja dudas que han frenado la agenda legislativa.
Ante las especulaciones sobre una ruptura en la mayoría parlamentaria, Ignacio Mier Velazco descartó que el retraso obedezca a problemas estructurales con el PT, insistiendo en que los tiempos se ajustan por la necesidad de escuchar a la autoridad electoral. Sin embargo, las contradicciones entre los testimonios de los coordinadores parlamentarios evidencian una negociación compleja antes de llevar el tema al Pleno, donde se requiere la unidad de Morena, PT y Verde Ecologista de México para aprobar los cambios constitucionales.
Óscar Cantón Zentina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, junto con los coordinadores de las fuerzas políticas, incluyendo a Manuel Añorve por el PRI, participan en las mesas de trabajo para destrabar los nudos críticos. La falta de consenso ha obligado a posponer la discusión general, la cual podría reprogramarse para el periodo comprendido entre el 6 y el 10 de abril, coincidiendo con la Semana de Pascua, o bien, extenderse hasta un periodo extraordinario previo al 30 de mayo.
La situación mantiene en expectativa al sistema político nacional, dado que el Plan B representa la alternativa de la presidencia para consolidar la austeridad y modificar reglas electorales tras los ajustes realizados en la Cámara de origen. Mientras se resuelven las discrepancias sobre la revocación y la integración de los cabildos, la agenda del Senado queda supeditada a los resultados de las próximas reuniones entre los líderes de los grupos parlamentarios y la jefa del Ejecutivo.
