Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, modificando el artículo 27 que antes prohibía expresamente esta pena. La iniciativa del presidente Nayib Bukele fue respaldada por 61 diputados, incluyendo 59 oficialistas del partido Nuevas Ideas y dos opositores, en medio del régimen de excepción vigente desde hace cuatro años.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, calificó las acciones del gobierno como “irreversibles” y defendió la medida como necesaria para combatir la criminalidad. Sin embargo, la reforma se produce mientras el Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de excepción.
Bukele ha justificado la medida argumentando que fortalecerá la seguridad ciudadana frente a las pandillas, aunque organizaciones internacionales advierten que podría agravar las violaciones a derechos humanos documentadas durante su administración. El gobierno salvadoreño mantiene que todas sus acciones son legales y responden al mandato popular.
La reforma constitucional elimina la prohibición explícita que existía desde 1983, cuando se estableció la actual Carta Magna salvadoreña. Anteriormente, la pena máxima era de 50 años de prisión, pero la nueva disposición abre la posibilidad de cadena perpetua para los delitos más graves.
El debate sobre la medida refleja la polarización en el país centroamericano, donde Bukele mantiene altos niveles de popularidad por su lucha contra las pandillas, pero enfrenta creciente cuestionamiento internacional por los métodos empleados. La oposición política salvadoreña ha mostrado divisiones, con algunos legisladores apoyando la iniciativa gubernamental.
La aprobación ocurre en un contexto donde más de 70,000 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción, según organizaciones de derechos humanos. El gobierno no ha especificado la fecha exacta de entrada en vigor de la reforma ni los procedimientos legales adicionales requeridos después de la votación legislativa.
