Por Redacción
Washington, 23 de marzo de 2026.- El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en al menos 13 aeropuertos de Estados Unidos, una medida extraordinaria para mitigar el caos operativo provocado por el cierre parcial del gobierno y la crisis de ausentismo en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). La decisión, coordinada con Tom Homan, asesor presidencial en materia migratoria, responde a la falta de personal en puntos neurálgicos como Nueva York, Chicago y Atlanta, donde las filas y cancelaciones de vuelos se han disparado tras más de un mes sin pago para los trabajadores federales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permanece cerrado desde el 14 de febrero de 2026 debido a un bloqueo presupuestario en el Congreso centrado en desacuerdos sobre políticas de inmigración. Esta situación ha dejado a aproximadamente 50,000 agentes de la TSA trabajando sin salario, lo que derivó en que más de 300 empleados abandonaran sus puestos y que, para el 15 de marzo, el 10% de la fuerza laboral no se presentara a trabajar. Las ausencias fueron particularmente críticas en la región de Nueva York, registrando tasas del 25.84% en LaGuardia, 28.2% en JFK y 13.83% en Newark, según datos de la autoridad portuaria local.
Ante la parálisis en los controles de seguridad, la administración Trump activó a oficiales de ICE, cuya función principal es la vigilancia migratoria, para realizar tareas de inspección en los aeropuertos. Fuentes de medios indican que la operación cubre entre 13 y 14 terminales aéreas, incluyendo el Hartsfield-Jackson de Atlanta, O’Hare en Chicago y los tres principales aeropuertos de la zona metropolitana de Nueva York. Aunque no se han detallado los protocolos específicos de formación para estos agentes en tareas aeroportuarias, la medida busca garantizar la continuidad del flujo de pasajeros.
La movilización ha generado críticas inmediatas por parte de legisladores demócratas y opositores, quienes argumentan que desviar a una agencia enfocada en la aplicación de leyes de inmigración para cubrir funciones de seguridad aérea representa un uso inadecuado de los recursos federales. Los detractores señalan que esta solución temporal podría generar tensión operativa y no aborda la raíz del problema: la falta de pago a los empleados de la TSA que mantienen la infraestructura de seguridad civil.
El cierre del gobierno continúa sin resolución a la fecha, manteniendo la incertidumbre sobre la duración del despliegue de los agentes de ICE. Mientras la Casa Blanca intenta paliar los efectos visibles del colapso en la aviación comercial, la ausencia de un acuerdo legislativo sobre el presupuesto del DHS mantiene a miles de trabajadores en una situación financiera precaria, alimentando el ausentismo que motivó esta intervención federal sin precedentes en la historia reciente de la seguridad aeroportuaria estadounidense.
