Pajapan, 24 de marzo de 2026.- Comunidades indígenas de los municipios de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan denunciaron los graves impactos ambientales y sanitarios provocados por un derrame de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) realiza labores de limpieza, aunque reconoció que aún no se ha determinado la identidad de la empresa responsable del vertido.
Los pobladores afectados, agrupados en el Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida y asesorados por el Centro de Derechos Humanos Bety Cariño, alertaron sobre la contaminación de varios kilómetros de costa. Entre sus principales denuncias destacan la inadecuación de los trabajos de remediación, la falta de equipo de protección para quienes participan en la limpieza y el uso de disolventes que podrían agravar el daño al ecosistema.
Asimismo, las comunidades reportaron consecuencias económicas y de salud, incluyendo la venta de pescado contaminado en la región. A pesar de la presencia de autoridades como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), los habitantes sostienen que el origen del derrame no ha sido esclarecido, refiriéndose a un supuesto “barco fantasma” como la fuente del incidente.
En contraste con las críticas locales, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó categóricamente que el derrame fue provocado por un barco, aunque coincidió con las comunidades en que la compañía propietaria de la embarcación sigue sin ser identificada oficialmente. La mandataria declaró que Pemex “está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas”, una afirmación que contradice los reportes ciudadanos sobre la insuficiencia de los recursos y protocolos aplicados hasta el momento.
El gobierno federal había informado previamente que el vertido fue detectado hace dos semanas, sin embargo, hasta la fecha no se han presentado resultados oficiales de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía, la Profepa o la ASEA. Tampoco se han dado a conocer estudios técnicos que evalúen el impacto real en la salud de la población ni en la biodiversidad de la zona costera de Veracruz.
La discrepancia entre la versión gubernamental y los testimonios de los habitantes subraya la incertidumbre que prevalece en la región. Mientras las autoridades buscan determinar al responsable del daño ambiental, las comunidades indígenas continúan enfrentando la exposición a contaminantes y la pérdida de sus medios de vida tradicionales dependientes del mar.
