Morón, 26 de junio de 2026.- El gobierno cubano liberó a Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, quien estaba recluido en la prisión de alta seguridad Canaleta en Ciego de Ávila. Organizaciones de derechos humanos confirmaron la liberación del adolescente, quien había sido detenido tras las protestas del 13 de marzo en Morón, provocadas por apagones paralizantes y escasez generalizada de alimentos.
Las autoridades acusaron a Muir Burgos de ‘sabotaje’ y permaneció más de tres meses tras las rejas. Laritza Diversent, abogada y activista de derechos humanos exiliada en Estados Unidos, fundadora de Cubalex, señaló que su grupo había identificado a cuatro menores que fueron encarcelados por participar en la protesta de Morón, incluido Muir Burgos.
La liberación ha sido recibida con profunda cautela por organizaciones de derechos humanos. Diversent advierte que este paso no representa el fin de la política represiva del régimen cubano contra las manifestaciones ciudadanas, sino una táctica recurrente de supervivencia política y liberaciones controladas de prisioneros. La activista prefiere el término técnico ‘liberación bajo custodia’ en lugar de ‘libertad’, ya que el menor permanece bajo el poder punitivo del estado.
“It is extremely worrying that the state uses criminal procedures to deprive minors of their liberty and send them to closed penitentiary centers”, afirmó Diversent. La abogada añadió: “It is important, especially in the context of protests over the deterioration of the country’s conditions, to note that minors are often the ones taking on the role of demonstrating and that the state responds without regard for the legal and social characteristics of these youths”.
El caso expone la criminalización sistemática de menores que participan en protestas sociales en Cuba. Bajo el Código Penal cubano revisado en 2022, los adolescentes son responsables penalmente a partir de los 16 años. Organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Justicia 11J reportan que cientos de menores han sido sometidos a procesos previos al juicio o han sido sentenciados a detención, violando convenciones internacionales sobre protección de los derechos de los niños.
La detención de Muir Burgos no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón punitivo que tomó forma tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J). Desde entonces, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha usado el sistema judicial para sofocar el descontento social mediante sentencias duras y ejemplares, incluso dirigidas a adolescentes.
