Por Luis Martínez Alcántara
La violencia en Sinaloa alcanzó un nuevo punto crítico con el asesinato de Antonio Sarmiento y sus hijos, Alexander y Gael, de 9 y 12 años, durante un intento de robo en Culiacán. Este crimen, ocurrido el 19 de enero, ha generado una ola de indignación en la sociedad, que salió masivamente a las calles para exigir justicia. La tragedia es un reflejo del caos provocado por la narcoguerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos en los últimos meses.
Ayer, al menos 5 mil personas marcharon vestidas de blanco en Culiacán al grito de “¡Con los niños no!” y “¡Fuera Rocha!”, exigiendo la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya. La manifestación comenzó en la escuela Sócrates, donde estudiaban los niños asesinados y culminó en el Palacio de Gobierno. La madre de las víctimas intentó dialogar con el gobernador, quien se negó a recibirla, provocando aún más enojo entre los asistentes.
La gestión del gobernador Rocha Moya ha sido duramente criticada por su incapacidad para controlar la violencia. Desde septiembre de 2024, Sinaloa vive una escalada de enfrentamientos entre grupos criminales que ha dejado más de 650 muertos. A pesar de operativos recientes como el retiro de vidrios polarizados en vehículos, las acciones gubernamentales han sido calificadas como insuficientes y tardías frente a la magnitud del problema.
El caso de los hermanos Alexander y Gael también expone fallas graves en el sistema de salud estatal. Tras el ataque, los menores no recibieron atención adecuada debido a la falta de recursos en los hospitales locales. Esta negligencia ha intensificado las críticas hacia el gobierno estatal, que parece rebasado por la crisis humanitaria y de seguridad que enfrenta Sinaloa.
La marcha del 23 de enero representa un clamor colectivo por justicia y paz en un estado sumido en el miedo. Los ciudadanos exigen medidas contundentes contra la violencia y un liderazgo capaz de garantizar seguridad. El grito “¡Fuera Rocha!” simboliza no solo el rechazo hacia un gobierno ineficaz, sino también la esperanza de un cambio urgente para frenar la tragedia que afecta a miles de familias sinaloenses.
