Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio, deteniendo los trabajos de construcción del complejo petroquímico.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira, cobanaro y vocero del movimiento, anunció que ocuparían la instalación “hasta tener resultados”. El líder advirtió que mantendrán el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales. “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”, señaló Montaño respecto a las autoridades.
El proyecto es de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, y pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco. La planta lleva un 88% de avance y está financiada con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank. Según los manifestantes, el conflicto por la planta de amoniaco y metanol inició en 2014.
Los opositores denuncian impactos ambientales graves: se han rellenado 28 hectáreas de humedales, se han tumbado manglares y parte de la fauna ha empezado a migrar en la bahía de Ohuira, sitio RAMSAR Santa María-Topolobampo-Ohuira. La planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco, descargando agua con una temperatura de hasta tres grados más que la original. Además, un informe de la empresa alertó de posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, impactando a más de 40,000 personas.
“Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, afirmó Felipe Montaño Valenzuela. El colectivo ¡Aquí! sostiene que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña de la región y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a miles de habitantes de los municipios de Ahome y Mazatlán. Se estima que el proyecto afectaría a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río.
Ante el conflicto, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con los representantes ejidales. Bárcena les dijo que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”. La Semarnat inició una revisión técnica y científica exhaustiva del caso. Paralelamente, ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al Gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos de financiamiento público destinados al proyecto.
