Ciudad De México, 16 de abril de 2026.- La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, envió un paquete de iniciativas al Congreso capitalino para endurecer las sanciones por extorsión, mientras el legislativo acordó reforzar sus protocolos de seguridad tras los disturbios ocurridos el pasado 9 de abril.
El proyecto de ley fue presentado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y plantea endurecer las sanciones hasta con siete años de prisión a quienes cometan el delito de extorsión. La iniciativa propone tres modificaciones clave al Código Penal local: derogar el artículo 148 Quáter, reformar el artículo 148 Quinquies sobre cobranza ilegítima, y crear un Capítulo X que tipifica el delito de hostigamiento coercitivo.
El delito de hostigamiento coercitivo contempla penas de tres a siete años de prisión. Sobre esto, el Grupo Parlamentario de Morena indicó: “Con el hostigamiento coercitivo, la autoridad podrá intervenir desde el primer acto de amenaza, sin esperar a que el delito se consuma”.
El Congreso local explicó que la legislación actual exige que la extorsión genere un resultado material para poder perseguirse. La propuesta también incluye la reforma al artículo 253, para incorporar la extorsión federal y el nuevo delito dentro del catálogo de graves.
Por otra parte, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) acordó reforzar sus protocolos de seguridad tras los disturbios en el recinto legislativo de Donceles el pasado 9 de abril. Los disturbios ocurrieron durante una protesta de la Asamblea de Barrios y dejaron 5 trabajadores lesionados.
El presidente de la Mesa directiva del Congreso, Jesús Sesma, encabezó una reunión de trabajo con el director de resguardo y las dirigencias de los tres sindicatos del recinto legislativo, donde se entregó un borrador de protocolos para seguridad en manifestaciones. Sesma declaró: “El derecho a manifestarse debe ejercerse con respeto y en condiciones que no pongan en riesgo la integridad de nadie. Nuestro deber es asegurar que este Congreso siga siendo un espacio de diálogo, pero también un lugar seguro”.
La diputada Yuriri Ayala, presidenta de la Comisión de Seguridad, afirmó que desde el recinto de Donceles y Allende se respaldarán estas medidas con “cero tolerancia”. En otro contexto sobre la extorsión, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, dijo que la modalidad delictiva está en boga y llamó a la población a denunciar.
