Ciudad De México, 08 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos negara que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, cuenten con un ‘parole’ o permiso especial de entrada a ese país. Radio Sonora había solicitado oficialmente a la dependencia información sobre si se otorgó un ‘Significant Public Benefit Parole’ a los mandatarios, a lo que el DHS respondió: “Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya no reciben el benefico de tal permiso”.
“Qué bueno que salió esta información que dice que una de las instituciones del gobierno de Estados Unidos dice que no existe tal permiso para estos dos gobernadores”, afirmó Sheinbaum. La mandataria advirtió que las críticas contra su gobierno continuarán y consideró que son utilizadas por sectores de la ultraderecha de ambos países con fines electorales, tanto para la elección estadounidense de noviembre próximo como para afectar al gobierno mexicano de cara a los comicios de 2027. “Nada más que en México la situación es muy distinta a la de otros países. Aquí el gobierno tiene mucha fuerza con la gente”, agregó.
En medio de estas tensiones, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró el 5 de junio de 2026 que ambas naciones han logrado avances significativos en la lucha contra el fentanilo y las organizaciones criminales. El pronunciamiento de Johnson se difundió a través de sus redes sociales desde Washington, donde asistió a un acto encabezado por Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca.
“Nuestros países han logrado avances importantes en la lucha contra el fentanilo y los cárteles, y su trabajo ha sido fundamental para alcanzar esos resultados. Continuaremos nuestra estrecha colaboración para proteger la salud y la seguridad de nuestras naciones, al tiempo que garantizamos que los responsables rindan cuentas”, declaró el embajador. Johnson exhortó a evitar que la cooperación bilateral en materia de seguridad se utilizara con fines políticos, respondiendo así a declaraciones previas de Sheinbaum.
La presidenta había acusado durante un acto en el Monumento a la Revolución a una oficina del Departamento de Estado de intentar intervenir en asuntos internos bajo el argumento del combate al narcotráfico, pidiendo a Johnson respetar la soberanía de México. Además, Sheinbaum informó que un encuentro previsto con la directora antidrogas de la Casa Blanca, Sara Carter, sería pospuesto por motivos de agenda.
El contexto de la crisis en las relaciones bilaterales incluye la solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU. para la detención con fines de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Revelaciones del Los Ángeles Times mencionaron presuntamente a otros dos mandatarios involucrados. La situación remite a la crisis de 1984-1986 tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, evento que destapó protecciones gubernamentales a traficantes y llevó a la identificación de capos como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca ‘Don Neto’ y Rafael Caro Quintero como responsables del secuestro.
