Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado Plan B de la Reforma Electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa se aprobó con 377 votos a favor y 102 en contra, quedando sin cambios a la minuta que envió el Senado de la República.
El dictamen contó con el respaldo de la alianza conformada por Morena, PVEM y PT, así como del opositor Movimiento Ciudadano (MC). Por su parte, el PAN y el PRI votaron en contra de la reforma. Al inicio de la sesión, los diputados Carmen Rocío González (PAN), César Domínguez y Erubiel Alonso (PRI) interpusieron mociones suspensivas que fueron rechazadas.
El diputado de Morena, Víctor Hugo Lobo Román, fundamentó el proyecto asegurando que la reforma promueve la austeridad y garantiza la progresividad de los derechos político-electorales. “No podemos dejar de mencionar que tuvimos la oportunidad histórica de alcanzar una gran transformación que no sólo era electoral, sino hasta política y del Estado mexicano… sin embargo, lo que era posible se obstaculizó porque se negaron a participar, o peor aún, hubo quienes decidieron votar en contra con un argumento específico que estaba fuera de la propuesta o que simplemente por diferencias semánticas en el planteamiento”, dijo el legislador.
Por el Partido del Trabajo, el diputado Reginaldo Sandoval anunció que su bancada respaldaría la minuta. “La vamos a acompañar con toda contundencia”, subrayó Sandoval, confirmando que votarían a favor en los términos aprobados por el Senado.
Durante el debate, la diputada Laura Cristina Márquez criticó el contexto social: “Las madres buscadoras no tienen consuelo ni justicia, los enfermos no tienen atención ni medicinas ni hospitales… México se rezaga y no lo quieren ver, ya rompan el pacto, rompan el pacto ahora por las familias de México”. Asimismo, Abigail Arredondo Ramos señaló que la reforma es “incongruente porque el supuesto ahorro de recursos será insignificante frente al dispendio que hay todo el tiempo desde la federación con sus obras faraónicos e inservibles”.
La reforma establece que el Ayuntamiento estará integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, bajo principios de paridad de género vertical y horizontal. Además, precisa que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
En cuanto a remuneraciones, el decreto indica que los ingresos de consejeros electorales, magistrados y titulares de órganos administrativos del INE y organismos locales no excederán el límite del artículo 127 constitucional. Los artículos transitorios señalan que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales deberán armonizar su marco jurídico a más tardar el 30 de mayo de 2026.
Finalmente, se estipula que el presupuesto del Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes a la entrada en vigor del decreto, sin afectar los derechos laborales de los trabajadores. Cabe destacar que la reforma no contempla modificaciones a los periodos para realizar consultas de revocación de mandato, como lo había propuesto inicialmente el Ejecutivo federal.
