Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que el dictamen conocido como Plan B de la reforma electoral podría discutirse en el pleno legislativo el próximo 8 de abril. La funcionaria detalló que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral tendrán tentativamente del 3 al 7 de abril para analizar la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.
López Rabadán precisó que, si el dictamen se resuelve en comisiones el día 7, la discusión en el pleno está programada para el miércoles 8 de abril; de lo contrario, podría extenderse hasta el jueves. Asimismo, aclaró que aunque el título del dictamen del Senado menciona la revocación de mandato, este artículo fue desechado desde la cámara de origen, por lo que su inclusión en el encabezado constituye un error.
El proceso legislativo enfrenta plazos ajustados, pues el Congreso de la Unión tiene como fecha límite el 30 de mayo de 2026 para armonizar las leyes secundarias, incluyendo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Este periodo de adecuación jurídica ocurre previo a la conclusión del periodo ordinario del Congreso, establecido para el 30 de abril.
En medio de la discusión, el senador del PRI, Miguel Ángel Riquelme, criticó la iniciativa calificándola como una propuesta fallida desde su origen y una aberración técnica que invade la autonomía de los municipios y las entidades federativas. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la parte más importante de la reforma, relacionada con la reducción de privilegios, fue aprobada, mientras que la materia de revocación de mandato no obtuvo la mayoría de votos tras una reserva presentada por el Partido del Trabajo.
Sobre las observaciones técnicas relacionadas con la reforma, los consejeros electorales Jaime Rivera y Martín Faz señalaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha emitido una postura colegiada. Ambos funcionarios explicaron que los documentos circulados con sugerencias corresponden a opiniones de áreas técnicas específicas y no fueron producto de una deliberación formal del Consejo General, deslindando así a la institución de dichas propuestas.
