Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que limita el monto de las pensiones millonarias para extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro. La modificación legislativa, discutida este 25 de marzo en San Lázaro, establece un nuevo esquema para las jubilaciones que superan el millón 107 mil pesos mensuales, generando un debate polarizado entre los integrantes del recinto.
Durante la sesión, grupos de pensionados de las empresas estatales intentaron manifestarse mediante un “portazo” en las instalaciones del Palacio Legislativo para rechazar la iniciativa. El ajuste normativo tiene carácter retroactivo y afecta directamente a quienes perciben ingresos considerados excesivos tras años de servicio en los organismos descentralizados.
En el debate parlamentario, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, justificó la aprobación de la reforma al calificar estas percepciones como privilegios corruptos que deben ser eliminados para sanear las finanzas públicas. Por su parte, el diputado Fernando Torres Graciano advirtió sobre las afectaciones injustas que podría sufrir personal con alta especialización técnica y amplia trayectoria laboral debido a la aplicación de estos topes.
Las propuestas manejadas en el marco de la discusión sugieren que las pensiones actuales podrían reducirse drásticamente, bajando hasta niveles cercanos a los 70 mil pesos mensuales, aunque el texto final aprobado se centra en eliminar el excedente sobre el límite establecido. Asimismo, el diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que participó en la discusión legislativa, sumándose a las posturas presentes en el pleno sobre el destino de los recursos de estas empresas.
Esta decisión marca un precedente en la política de austeridad del gobierno federal, al intervenir directamente en los contratos colectivos y derechos adquiridos de los jubilados del sector energético y eléctrico. La implementación de la medida dependerá ahora de los procesos administrativos para recalcular los haberes de los beneficiarios impactados por el nuevo techo presupuestal.
