Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma constitucional que impone un techo a las pensiones de exfuncionarios de confianza de organismos y empresas públicas, estableciendo su aplicación con carácter retroactivo. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, modifica el artículo 127 de la Constitución para fijar el monto máximo de jubilación en el 50 por ciento de la remuneración de la Presidenta de la República.
De acuerdo con los datos disponibles, el tope establecido rondaría los 70,000 pesos mensuales, tomando como referencia el salario de Claudia Sheinbaum Pardo. La medida afecta directamente a beneficiarios de entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro. Durante la sesión, se registraron protestas de grupos de jubilados que intentaron acceder al Palacio Legislativo de San Lázaro para manifestar su rechazo a la iniciativa.
El debate parlamentario reflejó tensiones entre las bancadas. Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció que su fracción votaría a favor pese a sus reservas, señalando que están en contra de las pensiones doradas pero considerando que la estrategia de Morena no es eficaz para eliminarlas. El legislador advirtió sobre los riesgos jurídicos que implica la retroactividad y las omisiones detectadas en el dictamen.
Por su parte, la diputada Margarita Zavala criticó duramente la aprobación, argumentando que la reforma viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Zavala sostuvo que los senadores emitieron su voto basándose en información imprecisa o falsa respecto a las implicaciones legales de la norma. La oposición ha enfatizado que el cambio constitucional podría enfrentar diversos amparos debido a la afectación de derechos adquiridos.
El texto aprobado excluye expresamente de este límite a las pensiones de las Fuerzas Armadas, así como aquellas derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con recursos sindicales y las pensiones no contributivas. Además, el decreto incorpora el uso de lenguaje inclusivo en su redacción.
Existen discrepancias en los reportes sobre el resultado final de la votación en lo general. Mientras una fuente indica que la aprobación fue por unanimidad con 458 votos a favor, otros registros periodísticos detallan un marcador de 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. Con esta aprobación en la cámara baja, el proceso legislativo avanza hacia su consolidación definitiva, marcando un precedente en la política de austeridad del actual gobierno federal.
