Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, se enfrentan públicamente por la responsabilidad en el colapso de un edificio en la colonia San Antonio Abad que causó la muerte de tres personas el pasado 9 de marzo. El conflicto gira en torno a la supervisión de la demolición, autorizada mediante un Acuerdo de Facilidades después de que la alcaldía negara inicialmente el permiso por detectar diez riesgos graves.
Rojo de la Vega sostiene que la responsabilidad de la supervisión recaía en el gobierno capitalino. “La demolición debía ser supervisada por el gobierno capitalino mediante Acuerdo de Facilidades, que obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”, declaró la alcaldesa, calificando la decisión de autorizar la obra como deliberada y no un error.
Por su parte, el secretario Inti Muñoz Santini contradijo esta versión durante una conferencia de prensa. El funcionario capitalino argumentó que la vigilancia primaria era competencia de la alcaldía, independientemente del acuerdo. “La responsabilidad primaria de vigilancia recaía de manera ineludible en la alcaldía Cuauhtémoc, con o sin acuerdo de facilidades”, afirmó Muñoz Santini.
El incidente ocurrió en el inmueble ubicado en San Antonio Abad número 124. Según la información disponible, la alcaldía Cuauhtémoc rechazó el permiso de demolición el 17 de octubre del año pasado tras identificar múltiples riesgos. Sin embargo, apenas tres días después, la Secretaría de Vivienda local autorizó los trabajos mediante el mecanismo especial conocido como Acuerdo de Facilidades.
El cruce de declaraciones evidencia una fractura en la coordinación entre el gobierno central de la capital y una de sus alcaldías más importantes, dejando en el aire la determinación final de responsabilidades administrativas y posibles penales. Mientras tanto, la identidad de las tres víctimas mortales, los detalles específicos de los riesgos detectados y el estado de la investigación oficial permanecen sin aclararse públicamente.
Este caso pone bajo escrutinio los procedimientos de autorización y supervisión de obras de demolición en una ciudad con un parque inmobiliario envejecido, y podría derivar en un litigio político y legal entre ambas instancias de gobierno mientras las familias de las víctimas esperan respuestas.
