Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, por presuntamente traficar armas hacia México para abastecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS). La denuncia, dada a conocer este miércoles en Phoenix, marca uno de los primeros casos criminales por apoyo material al terrorismo vinculados a la venta de armamento a estos grupos, luego de que fueran designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras en febrero de 2025.
Según los datos de la acusación, los dos implicados realizaron ventas de armas en cinco ocasiones distintas entre febrero y mayo de 2025. Las autoridades federales sostienen que los compradores actuaron como intermediarios o “compradores de paja” para facilitar el traslado del armamento hacia las organizaciones criminales operativas en territorio mexicano. La investigación señala que la armería “Grips by Larry”, propiedad de Gray, estaba ubicada a menos de 15 minutos de la frontera con Naco, Sonora, lo que facilitaba la logística del cruce ilegal.
La discrepancia inicial en los reportes sobre el número de acusados fue aclarada con la presentación de la denuncia conjunta que incluye tanto a Gray como a Weinberger. Aunque algunas fuentes periodísticas habían mencionado inicialmente solo al propietario de la armería, el Departamento de Justicia confirmó la participación de ambos ciudadanos estadounidenses en la red de suministro. El caso reviste especial relevancia jurídica al aplicar la figura de apoyo al terrorismo, elevando la gravedad de los delitos más allá del tráfico convencional de armas.
El contexto legal de esta acusación se basa en la designación oficial emitida por el Departamento de Estado de EE.UU. el 20 de febrero de 2025, mediante la cual el CJNG y el CDS fueron catalogados como amenazas terroristas internacionales. Esta medida permitió a las fiscalías federales perseguir penalmente a cualquier individuo que provea recursos, incluyendo armas, a estas estructuras criminales, con penas que pueden oscilar significativamente debido a la naturaleza de los cargos.
Las autoridades no han proporcionado detalles sobre la identidad específica de los intermediarios que adquirieron físicamente las armas ni el destino exacto de cada lote dentro de México. Sin embargo, la estrategia procesal busca sentar un precedente en la persecución del flujo de armas desde el suroeste estadounidense hacia las plazas controladas por los cárteles. La comparecencia de los acusados se lleva a cabo en los tribunales federales de Arizona, donde enfrentan el proceso judicial correspondiente.
Este operativo refleja la intensificación de los esfuerzos binacionales para cortar el suministro bélico que alimenta la violencia en México. Mientras la investigación continúa para determinar el alcance total de la red de distribución, el caso de Gray y Weinberger queda establecido como un punto de referencia en la aplicación de las nuevas directrices antiterroristas contra el narcotráfico transfronterizo.
