Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Un juez federal absolvió al único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, ocurrido en 2019, luego de considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía de Morelos no alcanzaron el nivel necesario para acreditar su culpabilidad. La resolución, dada a conocer entre el 14 y 15 de marzo, generó críticas hacia la investigación del caso, el cual está ligado a la oposición de Flores al Proyecto Integral Morelos (PIM).
El imputado, identificado como Javier ‘N’, fue declarado inocente. Según medios como El País México y Aristegui Noticias, el fallo judicial puso en evidencia las deficiencias en la investigación ministerial. El activista fue asesinado a tiros frente a su domicilio en Amilcingo, Morelos, en febrero de 2019, días antes de una consulta sobre el proyecto termoeléctrico contra el que se manifestaba.
En paralelo a esta resolución de alto perfil, autoridades reportaron otros procesos judiciales en distintas entidades. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a cuatro ciudadanos colombianos, de entre 24 y 52 años, por el robo de aproximadamente 739 piezas de joyería valoradas en unos 400 mil pesos en la alcaldía Benito Juárez. Uno de los detenidos tenía antecedentes penales.
Mientras tanto, en Chihuahua, un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a cinco personas, identificadas como José Isaac N, José Ramón N, José N, Luis N y Gonzalo N, por su probable responsabilidad en delincuencia organizada con fines de tráfico de personas. El proceso se llevó a cabo en Ciudad Juárez.
En Puerto Vallarta, Jalisco, otras siete personas —Edwin N, Francisco N, Elvira N, Karina N, Luis N, Ivette N y Betzy N— fueron vinculadas a proceso por el delito de portación de armas de fuego. Estas resoluciones judiciales simultáneas reflejan el ritmo de los procesos penales en el país durante esos días.
El caso de Samir Flores sigue abierto, pues, según reportes, existían otros dos presuntos autores materiales mencionados durante la investigación cuyos paradero y situación jurídica no fueron aclarados tras la absolución. La resolución judicial marca un revés para la búsqueda de justicia en un crimen que conmocionó al movimiento social en contra de megaproyectos en Morelos.
