Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- A un año exacto de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el organismo sucesor Transparencia para el Pueblo ha resuelto 5,921 recursos de revisión desde marzo de 2025, lo que representa una caída superior al 88% comparado con las 53,233 resoluciones que emitió el INAI durante 2024.
El INAI fue extinguido el 20 de marzo de 2025 mediante reformas a la Ley Federal de Transparencia, y su sucesor comenzó a operar en junio de 2025. Durante enero a marzo de 2025, el extinto instituto resolvió más de 8,000 recursos de revisión, mientras que en todo 2024 recibió 1 millón de solicitudes de información.
Julieta del Río, excomisionada del INAI, declaró que no hay manera de evaluar al nuevo órgano de rendición de cuentas debido a la falta de datos sobre su desempeño. La organización civil Transparencia para el Pueblo, que ahora funge como el organismo garante, no ha publicado cifras sobre cuántas solicitudes de información ha recibido desde su creación.
En otro frente de transparencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) intentó reservar información sobre un contrato de seguridad por cinco años, pero el Órgano Interno de Control (OIC) revocó dicha reserva. El medio La Silla Rota solicitó la transparencia del contrato INE/050/2025 mediante un recurso de revisión.
El INE argumentó que la información del contrato de videovigilancia era de seguridad nacional y ponía en riesgo a su personal. Sin embargo, el OIC determinó que el contrato no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional ni la vida, seguridad o salud de persona física alguna.
El contrato incluye más de 300 cámaras para 8 edificios y 32 juntas locales del organismo electoral. El INE justificó la adquisición señalando que su equipo de seguridad no se había actualizado desde 2008, por lo que su funcionamiento no era el adecuado para las condiciones actuales de violencia contra el órgano electoral.
La controversia sobre el contrato del INE evidencia las tensiones que persisten entre los órganos garantes de transparencia y las instituciones que buscan reservar información bajo argumentos de seguridad. No se especifica qué parte del contrato debe ser publicada según la orden del OIC, ni los costos específicos que el INE debe transparentar del acuerdo con la empresa proveedora.
