Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, en una sesión celebrada este 24 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La modificación busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada y establece nuevas reglas para los programas habitacionales, incluyendo el proyecto Viviendas del Bienestar en San Pedro, que contempla la construcción de 2,490 casas.
Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta críticas por la gestión de sus recursos públicos. Documentos de transparencia revelan que el Alto Tribunal canceló en 2025 los donativos destinados a la Fundación UNAM y a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, afectando a cientos de estudiantes de la Facultad de Derecho que contaban con becas por excelencia académica. En 2024, la Corte había entregado 7 millones de pesos a la universidad y 3.4 millones a la asociación, sumando un total histórico de 32.5 millones de pesos en años recientes.
Sin embargo, la misma investigación destaca que, pese a la suspensión de los apoyos educativos, la SCJN destinó 1.5 millones de pesos en 2025 al Sindicato del Poder Judicial para la realización de eventos sindicales. Entre 2021 y 2024, el monto transferido a dicha organización bajo el concepto de eventos asciende a 10.2 millones de pesos. Esta disparidad en la asignación de fondos ocurre en un contexto donde el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, ha reconocido que aún no se alcanza una equidad real entre hombres y mujeres en el país, a pesar de las reformas legales vigentes.
En el ámbito de la justicia con perspectiva de género, datos del Congreso de Quintana Roo indican que 62 de los 117 cargos judiciales en la entidad son ocupados por mujeres. No obstante, la tensión presupuestal marca la agenda del poder judicial, ya que la nueva integración del Alto Tribunal, asumida en septiembre de 2025 con ministros elegidos por voto popular, no contempló recursos para donativos en el presupuesto de 2026, priorizando la racionalidad del gasto tras los recortes históricos sufridos por la reforma judicial.
La dinámica legislativa también incluyó debates en otras materias. La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlali Hernández Mora, y organizaciones como la Iglesia católica mexicana han participado en discusiones sobre derechos sociales, mientras que en la Alcaldía La Magdalena Contreras, el jefe delegacional Fernando Mercado Guaida y la diputada local Diana Sánchez Barrios han abordado temas de comercio ambulante y desarrollo urbano. Más del 55% de la población ocupada en México trabaja en el sector informal, lo que añade complejidad a la implementación de políticas de vivienda y ordenamiento territorial.
La aprobación de la reforma habitacional y las controversias sobre el uso de recursos en la SCJN reflejan una agenda política centrada en derechos sociales y transparencia. Mientras el Congreso avanza en la regulación de programas como Viviendas del Bienestar, la sociedad civil y las instituciones académicas monitorean las decisiones financieras del máximo tribunal, que continúan generando interrogantes sobre las prioridades del gasto público en el poder judicial.
